El acoso de Estados Unidos a Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro tienen razones políticas internacionales por el abuso de decisiones dictatoriales de los ejecutivos populistas, pero dejaría una mala impresión geopolítica si la Casa Blanca invade militarmente el país sudamericano, secuestra al mandatario vocal y lo enjuicia en modo extraterritorial en las Cortes estadounidenses.
Chávez y Maduro son figuras políticas indefendibles, tomaron el poder en nombre de la democracia y construyeron una dictadura que no cumple con los criterios de la comunidad internacional y merecen todo el acorralamiento institucional para obligarlos a someterse a las reglas y cláusulas democráticas de acuerdos institucionales con valor legal que esos propios gobiernos firmaron.
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Pero del lado contrario, Estados Unidos carece de autoridad política, judicial y moral para convertirse en la policía del mundo y secuestrar a cualquier funcionario o exfuncionario para ser llevado a las Cortes americanas.
Los propios acuerdos entre naciones tienen sus reglas, y si esas reglas no alcanzan para desahogar cierto tipo de expedientes, entonces habría que modificar las reglas y no convertir a la comunidad internacional en un escenario del viejo oeste estadounidense donde los cazarrecompensas entregaban a los más buscados “vivos o muertos”.
Y lo más grave del asunto, es que los líderes opositores venezolanos a Chávez y a Maduro -Juan Guaidó, Edmundo González y ahora María Corina Machado- no han podido desahogar las reglas locales para destituir a Maduro y entonces se han convertido en títeres de los intereses de la Casa Blanca y por lo tanto -en caso de lograr sus objetivos de encarcelar en Estados Unidos a Maduro y ser colocado alguno de ellos por marines norteamericanos en el despacho principal del Palacio de Miraflores en Caracas- serían gobernantes ilegales al servicio de los intereses geopolíticos de EU que busca en Venezuela el petróleo y otros productos.
Zona Zero
- El coche bomba estallado en un municipio de Michoacán se convirtió en un conflicto político no por sus resultados limitados -por así decirlo- en cuanto a daños en la zona, sino porque metió al Gobierno mexicano en un conflicto entre terrorismo y crimen organizado del cual ya tomó nota la Comunidad de seguridad nacional de Estados Unidos, donde la Casa Blanca ya caracterizó de terroristas a seis cárteles mexicanos del narcotráfico, entre ellos los involucrados en Michoacán.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh