A pesar de que el combate a la informalidad ha sido un exitazo, porque de los casi 30 millones de personas que trabajan en esa situación poco más de un millón se han incorporado a la formalidad, gracias a las bondades que ofrece el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), en el Paquete Económico para 2016 se proponen nuevas medidas para promover la formalidad.
Desde su creación, el RIF se ha convertido en el punto de entrada a la formalidad de los micronegocios del país, dice la Secretaría de Hacienda, y con el fin de reforzar su funcionamiento, se propone ajustar los requisitos de entrada para ampliar el universo de participantes potenciales en casos en que no existe un riesgo relevante de prácticas abusivas.
En particular, se sugiere eliminar las restricciones para: personas con sueldos y salarios (que en sus ratos libres se dedican a la informalidad, acota el columnista), así como con ingresos por intereses; socios de personas morales no contribuyentes, así como socios de cajas de ahorro y de sociedades cooperativas que obtengan ingresos por intereses. Adicionalmente, se eliminaría la restricción a personas con familiares participantes en el RIF en los casos en que no exista una vinculación comercial.
¿Y qué le hace pensar a la autoridad fiscal que esos participantes potenciales van a querer volverse formales, si como están viven en un paraíso fiscal? ¿Realmente creen que ellos van a cambiar de régimen para pagar, tarde o temprano, una tasa del 35% del ISR en lugar de cero? ¡Cuánta ingenuidad!
Entre los instrumentos “novedosos” que piensan implementar para que los informales potenciales caigan en las redes del fisco, están los sorteos o loterías fiscales, herramientas ampliamente utilizadas en diversos países. Consisten en la asignación aleatoria de premios, monetarios o en especie, entre contribuyentes que realizaron consumos que cumplen la normatividad impositiva. Existe evidencia en otras naciones de que esos sorteos son efectivos en el combate a la evasión y la promoción del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Considerando lo anterior, se propone establecer la realización periódica de un sorteo fiscal a lo largo del año. Por este medio se generarán incentivos para que los contribuyentes realicen sus pagos con medios electrónicos y exijan facturas digitales por sus compras. Ello posibilita la fiscalización de sectores caracterizados por niveles elevados de evasión fiscal, como el de prestación de servicios profesionales.
Lo que no reconoce Hacienda es que los sectores a los que se refiere ya no utilizan tarjeta de crédito ni medios de pago electrónicos, todo lo manejan en “cash” y no requieren factura porque no les sirve.
Por otro lado, Hacienda afirma que las empresas más pequeñas, las cuales son responsables del grueso de la generación de empleo, se encuentran particularmente expuestas a variaciones en las condiciones de liquidez. Por ello, las medidas para facilitar su acceso al financiamiento resultan especialmente benéficas. Considerando lo anterior, se propone establecer la alternativa de que los contribuyentes puedan autorizar al SAT para que éste comparta su información fiscal y sea utilizada en construir calificaciones crediticias. Lo anterior facilitará que la banca otorgue créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector formal que cumplen con sus obligaciones fiscales.
¡Me doy, me doy ante la lluvia de propuestas!, exclaman los observadores.
AGENDA PREVIA
Donde ya pusieron el ejemplo de cómo “apretarse el cinturón” fue en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados Constancio Carrasco y Salvador Nava fueron quienes sacaron las tijeras y recortaron en 497 millones de pesos su presupuesto para 2016 (15.8 % menos que el de 2015). El TEPJF desempeñará toda su actuación del próximo año -donde habrá 13 procesos electorales, 12 de ellos de gobernador- con dos mil 656 millones de pesos. Es la primera ocasión en 10 años que se presenta un presupuesto a la baja. ¡Buen ejemplo!
