El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite, dijo, cerrar “espacios de opacidad y discrecionalidad, y abre una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en todo el país”.
Como buen político que es, el mandatario recordó que en la primera alternancia en la Presidencia de la República (o sea la del PAN) se impulsó la transparencia y el acceso a la información pública en el ámbito federal; “si bien hubo avances importantes en los gobiernos locales, es hasta la segunda alternancia que se impulsa la transparencia a escala nacional”, precisó.
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Expuso por qué es importante la transparencia: fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público, ayuda a prevenir y a combatir la corrupción, promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública, y empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan cuentas.
Para quienes lo hayan olvidado el titular del Ejecutivo Federal refirió algunos de los puntos más relevantes de la Ley General promulgada ayer:
Obliga a que más autoridades, instituciones y personas sean transparentes. “Las autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están obligados a transparentar la información pública que posean. También lo están los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Además, redobla los mecanismos de transparencia en materia energética”.
“Fortalece y articula los procedimientos de los organismos garantes, creando el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En este sentido, la Ley homologa el acceso a la información pública, estableciendo los fundamentos que regirán en todo el país. De esta manera, se regulan los medios de impugnación y se establecen las bases de coordinación entre el instituto garante nacional; los organismos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”.
Amplía la obligación de transparentar información pública de oficio, y se facilita el acceso a ella. “La Ley General establece un catálogo mayor a los lineamientos que antes existían, ahora de 50 preceptos comunes a todos los sujetos obligados. Además, esta información deberá estar a disposición del público y mantenerse actualizada en medios electrónicos, teniendo como sustento tecnológico la Plataforma Nacional de Transparencia que habrá de desarrollarse”.
La Ley prevé los instrumentos necesarios para asegurar el principio constitucional de máxima publicidad. “Se reconoce que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados será accesible a cualquier persona. En este sentido, se elevan los requisitos para poder reservar información temporalmente. Además, no podrá clasificarse como reservada la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.
Fortalece los medios de defensa de los particulares que solicitan información, y es rigurosa contra quienes incumplan sus obligaciones de transparencia. Para ello, se incorporan 15 nuevas causas para sancionar a los servidores públicos que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente información pública. Para dar certeza a la aplicación de esta Ley General, se establece su prevalencia sobre cualquier otro ordenamiento en la materia.
Amplía la participación ciudadana en favor de la transparencia. “Habrá Consejos Consultivos en todos los organismos garantes integrados por consejeros honoríficos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia, con acreditada experiencia en la materia”.
¡Bienvenida pues!
