A juicio de los observadores políticos objetivos e imparciales que desde hace un año han seguido en vivo y en directo los acontecimientos derivados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sería un gravísimo error que el presidente Enrique Peña Nieto cediera a las presiones de la guerrilla infiltrada en este penoso asunto.
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En la reunión que sostuvieron ayer los padres de los normalistas desaparecidos con el primer mandatario, le presentaron un documento con ocho peticiones, entre las que destacan: creación de una unidad especializada de investigación, supervisada por organismos internacionales; que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo jefe es Emilio Álvarez Icaza, continúe con su labor hasta que “haya justicia y verdad”; que se publique en el Diario Oficial de la Federación un resumen del informe ejecutivo del GIEI y que se distribuya; investigar la responsabilidad del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, del ex procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y de la responsable de los servicios periciales de la Procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría; el “relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología", y que se deje de “criminalizar a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos”.
El vocero presidencial, Eduardo Sánchez, informó que durante la reunión el Presidente les aseguró que el caso no está cerrado ni habrá carpetazo y giró una serie de instrucciones a fin de incorporar a la investigación las conclusiones del Grupo de Expertos de la CIDH; ordenó la creación de un equipo especial de peritos dentro de la PGR para seguir con las investigaciones del caso, así como una fiscalía especializada para casos de personas desaparecidas; continuar los trabajos para saber qué fue lo que pasó de manera individual con cada uno de los desaparecidos, y otras cosas más.
En relación a los ocho puntos planteados por los padres de familia, el Presidente instruyó a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que analicen la viabilidad de cada uno de los puntos planteados. ¡Y tan, tan!
"El caso de los 43", apuntan los susodichos observadores, ha escalado niveles que podrían calificarse como peligrosos y preocupantes. La radicalización de los padres de los desaparecidos y de los múltiples grupos y organizaciones antigubernamentales que se montaron en ese asunto, es una prueba irrefutable de que los directivos de la escuela normal de Ayotzinapa no tienen interés en preparar profesores sino en servir a los intereses de comandos guerrilleros que necesitan utilizar un frente respetable y ligado al pueblo. ¿Y qué mejor frente que los estudiantes?
Para quienes conocen Guerrero no resulta novedoso ni sorprendente que los padres y otros familiares de los desaparecidos estén haciendo el triste papel de tontos útiles para plantear al Presidente de la República las exigencias de la guerrilla, por encima de sus propias exigencias, concluyen los observadores. ¡Tómala!
AGENDA PREVIA
Oooootros nombramientos en la nueva empresa productiva del Estado, llamada Pemex: Alejandro Martínez Sibaja es el nuevo director general de la subsidiaria Pemex Transformación Industrial, la cual integra a las antiguas refinación, gas y petroquímica. Esto permitirá, dicen, ahorros, mayor eficiencia operativa y establecer sinergias para terminar con duplicidades.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal sigue refiriéndose a Rosa Icela Rodríguez como secretaria de Desarrollo Social capitalina, después de que han pasado dos meses que él mismo la nombró titular de Desarrollo Rural. Peor todavía, la invitó al evento “Apoyos para Reducir la Deserción Escolar de Niñas y Niños Indígenas, en el Centro Cultural San Ángel”. ¿Acaso no es la señora Alejandra Barrales quien ve los asuntos de educación? ¡El “Alz”, el “Alz”!