El gobierno mexicano ya no sabe qué hacer con las miradas que, desde el exterior, se hacen a nuestro país en materia de derechos humanos.
Primero les abre la puerta –a relatores de distintos organismos, a coadyuvantes en investigaciones–, los recibe con los brazos abiertos y les muestra el esfuerzo y la cantidad de leyes que ha suscrito en la materia para lograr un México amable, lejano a la tortura y a la violencia.
Pero al ver que no los convence, les reprocha, se pelea con ellos, los acusa de traer agendas predispuestas, busca la manera de desprestigiarlos y finalmente les da el portazo.
Algo de esto, o todo a la vez, es lo que han vivido los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), invitados por el gobierno mexicano para analizar el caso Iguala, en el que aún se desconoce el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
(En ese paquete –el del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, las autoridades mexicanas incluyen al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, a quien los peñistas acusan de traer un antagonismo personal con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto).
Otro tanto ha sucedido con Humans Right Watch desde que en 2014 alertó que la situación de derechos humanos “es crítica”, y con Amnistía Internacional, este mismo año, cuando sostuvo que “México enfrenta una crisis de Derechos Humanos”.
Y de ello también puede dar fe el relator de tortura de la ONU, Juan Méndez, a quien el gobierno mexicano le acaba de negar su petición de regresar al país para dar seguimiento a su trabajo sobre el tema.
El relator especial de la ONU sobre tortura, recordemos, hizo un primer diagnóstico en México sobre el tema el año antepasado: La tortura en México “es generalizada”, concluyó entonces.
Tal calificativo produjo una respuesta agria del gobierno de Peña Nieto. Vía el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, acusó a Méndez de no haber sido “profesional ni ético”.
Si eso ocurrió entonces, esta vez simplemente no le abrieron la puerta al relator de la ONU sobre la tortura: “Cuestión de agenda”, fue la razón que pretextó hace unos días el gobierno mexicano a la solicitud del relator –hecha desde septiembre del 2015–, para dar seguimiento a su trabajo.
México, pues, enseña los dientes (y en algunos casos hasta muerde) al escrutinio internacional.
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El fantasma del caso Guatemala.- Cuando uno platica “en corto” con funcionarios mexicanos sobre estos temas de derechos humanos, reiteradamente surge de su parte lo ocurrido con el caído ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
Pero no lo ven como un memorable ejemplo de la lucha contra la corrupción, sino de la injerencia de Estados Unidos –por motivos y con objetivos muy diferentes– a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG.
El propio ex mandatario guatemalteco, recuerdan, declaró que las dos veces que fue el vicepresidente de EU Joseph Biden a Guatemala, el único tema que a él le interesaba era que la CICIG continuara y le pedía además ayuda para que también se estableciera una CICIG en Honduras y en El Salvador.
Pérez Molina, aseguran, tenía claro que la preocupación estadunidense tiene intereses que van más allá de luchar contra la impunidad.
Eso que planteaba el ex presidente de Guatemala caído en desgracia: Intereses extraños de EU bajo el disfraz de los derechos humanos, lucha contra la corrupción y la violencia, es precisamente lo que piensan y ven algunos miembros del gabinete de Peña Nieto en lo que, consideran, es “una campaña de desprestigio” contra el gobierno mexicano.
Y por supuesto, temen que Enrique Peña Nieto sea llevado al banquillo de los acusados vía algunos de los organismos internacionales.
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GEMAS: Obsequio del senador Alejandro Encinas: “Hay una actitud oficial recurrente y sistemática, tratando de eludir su responsabilidad y entrando en confrontación con los organismos internacionales más prestigiados. Esto va aumentar el descrédito internacional que tiene el gobierno”.