De la pura lectura de las respuestas de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –y sobre todo de la contrarréplica de la Comisión a la Procuraduría–, diríase suavemente que se agarraron del chongo.
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El tema: La investigación del caso Iguala (relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa).
¿Qué dice la PGR –encabezada ya por Arely Gómez– a las observaciones de la CNDH?
Pues en unos casos la tilda (a la Comisión) de ignorante, de incompetente, de no saber siquiera leer y acudir a registros públicos, de asumir actitudes peligrosas, de no valorar lo que dice la ley, de mala leche.
Unas veces lo dice tal cual; otras, lo deja entrever (con toda claridad).
¿Y cómo le contesta la CNDH –cuyo titular es Luis Raúl González Pérez– a la PGR?
Acusa a la Procuraduría de tratarlos de engañar, de intentar justificarse con diligencias que no venían al caso, de ofrecer respuestas insuficientes e imprecisas, de mentir, de buscar pretextos para no cumplir con las observaciones de la Comisión.
Todo esto se ve a detalle en la “revisión” que hizo la CNDH de los posicionamientos específicos de la PGR a las 26 observaciones y propuestas formuladas por la Comisión, de las cuales “ninguna se encuentra atendida en su integridad”.
De las 26 observaciones y propuestas, de acuerdo con el organismo nacional, dos fueron “atendidas parcialmente”, una fue “atendida parcialmente con avance mínimo”, tres se encuentran “en vías de atención” y 20 “no fueron atendidas”.
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Subterfugios de la PGR.- Son de llamar la atención los casos en los que la PGR evade respuestas o responde con verdades a medias a las observaciones y propuestas sobre la investigación de Iguala. Van algunos:
–Integrar las fichas de identificación y perfiles de identidad de los estudiantes desaparecidos.
Aquí, según la PGR, tiene ya integradas “Fichas de Registro y Búsqueda”.
Sí, sólo que tales fichas carecen de los datos que en la propuesta formulada por la CNDH se señalaron como indispensables para la búsqueda, entre ellos, el tipo de sangre, la ficha odontológica, las señas particulares, tatuajes y cicatrices.
–Obtener las declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que, de acuerdo con las actuaciones, participaron en la búsqueda de evidencias en el “Río San Juan”, con objeto de que precisen las circunstancias en las que se efectuaron los hallazgos, su manejo y preservación.
La PGR contesta que el hallazgo y levantamiento de estas evidencias correspondió al AMPF, auxiliado en todo momento por los peritos del área de Servicios Periciales de la PGR, por lo que el manejo y preservación de las mismas corrió a cargo de éste.
Y advierte a la Comisión que “resulta peligroso que no se le dé valor a lo que la propia ley establece respecto a las facultades del AMP, ya que no se pone en duda la actuación de éste sino la legislación de nuestro país”.
La Comisión responde a su vez: “No es la CNDH la que ha puesto en duda las actuaciones ministeriales sino, en principio, el Equipo Argentino de Antropología Forense”.
–Ordenar dictaminaciones periciales en materia de antropología y odontología forense a la totalidad de los fragmentos óseos y odontológicos que, de acuerdo con las constancias, se localizaron en el basurero de Cocula y en el “Río San Juan”.
La PGR sostiene que de acuerdo con los análisis periciales realizados in situ por expertos en materias de antropología y odontología forenses de la Coordinación General de Servicios Periciales, los indicios biológicos levantados de Puente Río San Juan y Basurero corresponden a fragmentos óseos de origen humano.
La CNDH contesta: No hay evidencia documental de que la autoridad ministerial hubiese ordenado las dictaminaciones periciales en materia de antropología y odontología forense a la totalidad de los fragmentos óseos y odontológicos que fueron localizados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan.
Y así por el estilo van las posiciones de una y otra instancia.
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