¿Mintió el fiscal Santiago Nieto al Senado? ¿Ocultó información?
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La respuesta de los senadores Javier Corral (PAN), Alejandro Encinas (independiente integrado a la bancada del PRD), Martha Angélica Tagle (independiente) y Manuel Bartlett (PT) es tajante: “Ni omisión, ni mentira”.
“No hay ninguna omisión en cuanto a los datos curriculares –apuntó Corral–; Nieto detalló con toda claridad que del 2012 al 2014 sirvió al Senado de la República en distintos procesos e instancias”, sostuvo.
Pero para que no quedara duda, el panista pidió al presidente de la Comisión de Justicia que abriera para todos –senadores, periodistas y a quien lo solicitara– el expediente que entregó Santiago Nieto como candidato a la FEPADE “porque ahí se acreditan todas las constancias y todos los documentos con los que él cumplió el requisito legal”.
¿Asesoró Nieto al PRD?
Encinas precisa: “El asesor de la Mesa Directiva del Senado de la República no implica ser asesor de un Grupo Parlamentario por el hecho de que el presidente de la Mesa Directiva pertenezca a un partido político”.
¿Quién le pagaba a Nieto su asesoría?
Corral responde: “El Senado de la República es el que paga a quienes colaboran con la Mesa Directiva o con los órganos directivos de la Cámara alta, sea la Junta de Coordinación Política (o la Mesa)”.
¿Entonces de qué se trata toda esta arremetida contra el fiscal electoral?
Encinas no le da vueltas: Se trata de “una intriga” y de “una campaña prácticamente de linchamiento”. Una campaña no solamente promovida por el Partido Verde “sino seguramente solapada por otras instituciones”.
¿Por qué? Porque la resolución que adoptó el fiscal (contra Arturo Escobar) “desnuda con toda nitidez las debilidades e incluso las complicidades tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Federal Electoral, que fueron incapaces de hacer valer la ley y sancionar las violaciones en las que incurrieron el Partido Verde y muchos de sus integrantes y candidatos”.
Y evidentemente –concluye el ex jefe de Gobierno del DF– hoy se trata de distraer la atención con una denuncia y gritando “¡Atrapen al ladrón!”, cuando no han dado ninguna explicación del fondo del asunto.
Bartlett agrega: “La intriga no debe prosperar. Atrás de esta intriga está ya sabemos quién: los que no quieren un proceso democrático en este país”.
Tagle interviene: “Lo que está sucediendo con los ataques –particularmente en la prensa– contra el fiscal tiene como fin desviar el objetivo de la investigación y sobre todo influir en la decisión que la jueza tomará en estos días con respecto a si procede o no la orden de aprehensión (contra Arturo Escobar) por los delitos electorales cometidos durante el proceso electoral”.
Corral insiste: “Creemos que se está tratando de tender una cortina de humo para distraer la atención del asunto fundamental: una instancia comicial, ni más ni menos que la FEPADE, ha solicitado a un juez que gire una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar por los delitos que la Fiscalía ha logrado acreditar, no solamente en la emisión de las 10 mil tarjetas platino que distribuyó el Verde, sino además otros delitos que tienen que ver con la contratación de proveedores no autorizados y no registrados ante el Instituto Nacional Electoral, incluso en términos del parentesco que tiene el titular de la empresa”.
¿Puede la procuradora General de la República (Arely Gómez) destituir al fiscal especial?
La respuesta es ¡No!
Según explicó Corral, la reforma político-electoral del 2014 instauró un nuevo procedimiento para elegir al fiscal especializado en delitos electorales y le dio autonomía constitucional a la FEPADE.
Por lo tanto, refiere, estamos ante el primer caso de ejercicio de una autonomía constitucional en términos de persecución de delitos electorales, por lo que las decisiones del fiscal Nieto son independientes de lo que la procuradora o el Ministerio Público federal en su conjunto realicen.
Gómez “no tiene ninguna facultad de reconvenir o de corregir o de enmendar la plana al fiscal; y tampoco de removerlo”.
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GEMAS: Santiago Nieto fue elegido fiscal especial prácticamente por unanimidad de votos del Senado: 97 a favor y una abstención.