El Desarrollo Urbano de la Ciudad
Otro de los problemas candentes que padece nuestra capital es el desorden urbano, la falta de una correcta planeación y programación, las violaciones continuas a las disposiciones vigentes y un abuso ilimitado sobre el suelo urbano y de conservación.
Un ordenamiento territorial respetuoso de las diversas necesidades habitacionales, de negocios, de espacios públicos y de medio ambiente saludable resulta un elemento de bienestar y seguridad, del que obviamente nuestra urbe carece.
La tasa de deforestación es alarmante, las construcciones enormes en los sitios más inverosímiles producen pánico, la sobreexplotación del agua y del suelo le restan viabilidad a la urbe, el desorden creciente y generalizado de los asentamientos humanos le quitan habitabilidad y hermosura a la otrora región más transparente.
Ante esto, la actuación de las autoridades, comenzando por el jefe de Gobierno, y siguiendo por las de desarrollo urbano y vivienda y las de medio ambiente, parece no sólo insuficiente, sino francamente irresponsable.
La calidad de vida en la metrópoli es deplorable cada vez más, pues al ya referido desorden urbano se suma la deficiente planeación vial y el insuficiente transporte colectivo. Todo lo anterior y más hacen de la urbe una entidad caótica y ya casi invivible.
Los traslados, a casi cualquier hora y a cualquier lugar de la ciudad, implican una gran pérdida de tiempo, de productividad y de energía. Con aplicación de la medida del Hoy No Circula tradicional, los capitalinos encontramos enormes dificultades para transitar, un poco menos cuando se aplica la de doble contingencia que, con otro nombre, se debería volver permanente. Lo que hace no muchos años nos tomaba media hora, hoy puede exigirnos una hora u hora y media. El tiempo aire de los teléfonos móviles se utiliza mucho más para ofrecer disculpas por la cita a la que arribaremos tarde o tendremos que cancelar. Todo esto contamina, deteriora la salud pública, resta espacio para otras actividades importantes y le disminuye oportunidades de inversión a la metrópoli.
Pero, además, el jefe de Gobierno no tiene mejor recurso para explicar los aspectos negativos de su gestión que echar culpas a otros, especialmente a las autoridades federales, que, dice, lo atacan. Cabría preguntarle ¿sus obras viales, que tardan el triple del tiempo anunciado, obstaculizan terriblemente el tráfico y ensucian el medio ambiente no son su responsabilidad? ¿Abrir varias obras simultáneas y poner trampas, obstáculos y desviaciones, sin previo aviso al público, son decisiones ajenas?
Trágicamente, continúan las autorizaciones de construcción pública o privada que no parecen tener orden ni concierto sobre el piso de la ciudad. Se elevan torres de tamaño desproporcionado para la zona, a veces sin garantía de tener agua suficiente, estacionamiento, infraestructura y servicios públicos adecuados. Es un hecho que la mayoría de quienes aquí habitamos no conocemos un plan o programa que guíe todas estas decisiones del Gobierno local. Tampoco sabemos quién se apropiará la plusvalía de los predios así construidos, ni si por ello se cobrará un predial más alto y diferenciado y alguna cuota más elevada por los servicios públicos. Ese excedente de valor, ¿irá sólo a los particulares o también a manos de funcionarios sin escrúpulos?
Ha existido, en otros momentos menos aciagos de la urbe, un Programa General de Desarrollo Urbano, que hoy parece olvidado.
La Ley de Desarrollo Urbano y su reglamento establecen la obligación del Gobierno local de revisar y actualizar cada tres años ese programa, previa consulta popular, y antes de su publicación. Por eso, en noviembre de 2012 se organizó una reunión en el Colegio de Arquitectos, con formato de consulta pública, en la que participarían arquitectos, urbanistas, representantes de organizaciones civiles y autoridades del Gobierno del DF, que no logró concretarse, porque se produjeron un sinnúmero de quejas e inconformidades de los asistentes.
Dos días después, en la Gaceta Oficial del DF, se informó que la ampliación y reprogramación de la consulta se haría “hasta nuevo aviso”, aviso que seguimos esperando. Hasta este mes de septiembre esa reunión sigue pendiente y el Programa General de Desarrollo Urbano actualizado no existe. ¿Será por eso que las acciones y autorizaciones relativas son arbitrarias y no tienen lógica, y a los habitantes de la capital nos parece que no tienen ni pies ni cabeza?
Ese Programa General debía ser el eje rector al que se supeditaran y vincularan los programas delegacionales y parciales. Pero dicho programa no se actualizó y, por lo tanto, no cumple con la ley. Como consecuencia, no existe certeza jurídica acerca del uso del suelo. Al no conocerse las disposiciones sobre lo que se puede construir, acorde con el destino racional del suelo, prácticamente se otorga al jefe de Gobierno y a su Secretaría de Desarrollo Urbano, la posibilidad de definir a su arbitrio las “áreas de actuación” para cualquier zona y predio de la ciudad.
Esto, además de la incertidumbre jurídica y la ilegalidad ya mencionadas, está provocando mayor desorden, abusos y complejidad a la, ya de por sí mala, planeación de los asentamientos humanos, lo que incide en un deterioro grave de nuestra calidad de vida.
Aparentemente los únicos complacidos con esta situación son los desarrolladores inmobiliarios, cuyas utilidades crecen, así sea a costa del bienestar de los demás.
Más adelante haré una reseña breve de diversas acciones irregulares en perjuicio de un desarrollo urbano equilibrado y una buena solución para los asentamientos humanos y la vivienda en nuestra urbe. De ellas pudieran tomar nota los “Constituyentes” para revisar que esto pudiera corregirse desde un ordenamiento superior.
