En el artículo anterior recordaba que la modificación más reciente a nuestra Carta Magna, referente a la reforma jurídico-política de nuestra capital, implica que la denominación Distrito Federal desaparezca y la entidad federativa (que por muchos años fue DF) sea, en adelante, reconocida como Ciudad de México.
Esta urbe, que no estado de la Federación, de acuerdo a la misma reforma, tendrá una Constitución propia, cuya aprobación corresponderá a una Asamblea Constituyente.
La reforma prevé que la Asamblea se integrará con 100 diputados, 60 electos por el principio de representación proporcional y 40 designados, a saber: 14 senadores elegidos por el pleno del Senado, 14 diputados elegidos de la misma forma, seis designados por el Presidente de la República y otros seis, por el jefe de Gobierno. Singular composición para una Asamblea Constitutiva.
Llaman la atención varios hechos, algunos de los cuales ya han mencionado y escrito varios distinguidos juristas:
- La Asamblea no es constituyente, sino constituida, y descrita en grandes trazos en el transitorio séptimo de la reforma hecha a la Constitución del país.
- Se aplica para su elección una fórmula de representación proporcional pura, lo cual no concuerda con nuestro sistema electoral mixto, que utiliza mayoría directa y representación proporcional en todas las elecciones. ¿Seguirán otras entidades este ejemplo para transitar a un nuevo sistema electoral?}
- El 40% de sus integrantes serán designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y por el Ejecutivo local. Extraña composición de una legislatura constituyente.
- Se concede al jefe de Gobierno la facultad exclusiva de elaborar y remitir el proyecto de Constitución a la Asamblea, el día de su instalación. El anuncio de diferentes grupos que intervendrán en la redacción o la formación temática del proyecto parecería buscar una apariencia doble: de participación ciudadana y de presencia de personajes reconocidos en la metrópoli.
Por otra parte, en cuanto toca al proceso electoral, celebrado el 5 de junio de este año, cabe destacar que, no obstante la supuesta importancia de una “nueva Constitución” local y la publicidad realizada sobre ella, solamente votó 28% del electorado en la capital.
La votación no alcanzó siquiera la tercera parte del padrón. Como ha dicho mi amigo Jorge Alcocer en su artículo del 7 de junio en El Universal: “La opinión ciudadana sobre la CDMX y su futura constitución tiene fiel reflejo en la inédita abstención electoral”.
Añadamos a ello las irregularidades advertidas en el proceso electivo, puesto de relieve por los propios actores de ellas, como dádivas en especie, compra directa de votos y manipulación con “programas sociales”, realizadas por un “democrático” PRD: el resultado parece patético y la elección, para efectos prácticos, de cuestionable validez.
Así, vale la pena retomar la pregunta ¿es una Constitución lo que requiere nuestra ciudad y lo que demandamos los habitantes de la urbe?
A la luz de la escasa participación reciente, pareciera que la opinión ciudadana es que no.
Los problemas, cada vez más graves, de disponibilidad y uso del agua, hundimiento de la ciudad por sobreexplotación del líquido, mala distribución del mismo entre diversas zonas de la urbe y baja asignación de recursos del gobierno local para inversiones y reparación de obras, tuberías, plantas de tratamiento y nuevas tecnologías son muy evidentes y no se resolverán escribiendo frases elocuentes sobre el derecho humano al agua, aunque esto sea por demás importante. Es indispensable una planeación eficaz y un destino consecuente y sistemático de dinero para evitar una catástrofe en la metrópoli.
El deterioro creciente de otros elementos naturales como suelos, bosques, aire y biodiversidad por la sobreexplotación y la falta de eficacia de las autoridades para prevenir invasiones, evitar tala inmoderada y depósitos de residuos y todo tipo de basura en áreas protegidas y en cuerpos de agua amerita igualmente previsión y revisión de autorizaciones para utilizar el suelo y de recursos presupuestales.
Muchas de esas cosas aún se pueden reorientar y resolver, y no se requiere una “nueva Constitución” para hacerlo. Es cuestión de voluntad política, visión de futuro, respeto a la ley y honestidad.
