Del lado que quiera verse, la posición de Santiago Nieto como fiscal encargado de perseguir delitos electorales es insostenible.

 

Gane o pierda la votación de hoy en el Senado –al cierre de este espacio, las negociaciones entre el PRI y la oposición continuaban-, Nieto dejó de ser confiable para unos y otros.

 

Si la oposición lograra su reinstalación, el bombardeo del PRI sobre la credibilidad del funcionario será tal que seguramente lo inhabilitará de facto.

 

Sobre todo porque la Fepade –que se ha convertido en otro botín político- tiene que responder jerárquicamente a la PGR, es decir, no es un ente autónomo que pudiera garantizar imparcialidad en las investigaciones.

 

Si algo ha ganado el PRI en estos días, es sembrar la sospecha o la duda sobre la imparcialidad y la confiabilidad de Nieto.

 

Está claro que Emilio Lozoya Austin no lo presionó, como publicó un diario capitalino –lo que desató el escándalo que terminó con su remoción-, según se demuestra en la carta que hizo pública el propio ex director de Pemex.

 

Nieto ni siquiera pudo responder clara y llanamente si había sido presionado, cuando en la televisión le hicieron esa pregunta directa; se salió por la tangente.

 

Si su remoción tuvo que ver con las investigaciones sobre el dinero que Odebrecht entregó, supuestamente, a Lozoya para financiar la campaña de Peña en 2012, el propio ex fiscal se ha encargado de mandar el argumento al último lugar de la fila.

 

La oposición en el Senado reiteró ayer su demanda para que la votación en la que se decidirá si Nieto debe o no ser reinstalado sea nominal y no por voto secreto, pero aun ganando el ex fiscal, ya perdió.

 

Ni a la oposición le conviene un fiscal electoral debilitado, cuestionado, por más que él haya vendido la idea de que fueron las investigaciones sobre el vínculo Odebrecht-PRI la causa de su remoción.

 

Como está de moda decir ahora en la Ciudad de México, sale más barato construir de nuevo que tratar de reconstruir.

 

Puede que hoy la oposición –si se logró el acuerdo por la noche- le gane al PRI la votación para reinstalar a Nieto, pero será una victoria pírrica.

 

Ya se verá.

 

 

 

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, anunció que tres expedientes sobre presuntos actos de corrupción en Pemex relacionados con el caso Odebrecht “ya están concluidos’’.

 

Pues qué bueno.

 

Nomás falta que se hagan públicos los nombres de los investigados y sancionados, porque hasta ahora lo único que se sabe es que son despedidos y ya.

 

Y también falta conocer si las investigaciones de la señora Gómez concluyen en alguna denuncia penal o sólo en las inútiles inhabilitaciones que aun cuando fueran de por vida, ni reparan el daño ni representan un castigo.

 

 

 

En las revisiones de los salarios mínimos, la Comisión revisora, que es tripartita –obreros, empresarios y gobierno-, siempre suma dos votos contra uno: empresarios y gobierno en contra de la propuesta del sector laboral.

 

Pues este año el asunto se puso interesante.

 

Primero porque la Coparmex, que es el único sindicato patronal de México, propuso que el salario mínimo se establezca en 95.24 pesos diarios, esto es 5.24 pesos por arriba de lo que plantea el gobierno.

 

El sector laboral, representado por lo que queda del Congreso del Trabajo y el cadáver de la CTM, propuso que fuera “arriba de cien pesos’’, o sea, nada.

 

¿Será que esta vez los sectores obrero y patronal voten juntos en contra de la propuesta del gobierno?

 

Sería histórico.

 

 

 

caem