No existe un país en el mundo que permita un bloqueo de sus principales vías de acceso a un grupo de ciudadanos –convertidos en vándalos–, por el motivo que sea.

Pero en México, el temor de pasar a la historia como “represores’”, permite hechos como el que vivimos ayer sin que ninguna autoridad del Estado de México, de la capital del país o federal que hiciera algo por resolverla.

Por más de 16 horas, un grupúsculo de habitantes de San Juan Ixhuatepec cerró primero la autopista México-Pachuca en ambas direcciones, y horas después todas las carreteras que se utilizaban, como vías alternas, por los desesperados conductores.

Cientos de miles de usuarios del transporte público resultaron afectados; automovilistas y transportistas por igual.

Los sujetos que bloquearon las vías no tuvieron empacho en dedicarse al saqueo de negocios, alentados por la ausencia total de algún cuerpo policiaco que inhibiera su actuar.

De acuerdo con Raymundo Collins, encargado de la policía de la CDMX, todo comenzó con la persecución de unos sujetos que asaltaron una gasolinera en la zona de Ticomán y que huyeron hacia San Juan Ixhuatepec.

Hasta allá llegaron policías capitalinos para detenerlos pero fueron agredidos por habitantes de la zona que pretendían impedir la detención.

Llegaron refuerzos de los policías para rescatarlos y ahí comenzó el escándalo.

El único video que se promovió en redes, y que retomaron algunos diarios, muestra a un grupo de policías golpeando a un civil al que después roban cartera o celular.

Pero no hay otro video que muestre los hechos previos.

Como quiera, el video sirvió de justificante para la toma de las vías federales ¡por más de 16 horas!, sin que ninguna autoridad se hiciera presente.

¿Quién pagará el costo de este reto flagrante a la autoridad?

Parece que no tenemos gobernantes sino administradores de la tragedia.

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A días de que el gabinete de Seguridad del próximo Gobierno, encabezado por Alfonso Durazo, presente su estrategia de combate a la delincuencia, no estaría de más que le echaran un vistazo al libro Cómo poner un alto a la inseguridad en México, de Alejandro Desfassiaux.

El autor tiene una experiencia de 35 años en el tema de la seguridad pública y privada.

De entrada, Desfassiaux considera que resulta preocupante que a unos días de iniciar el próximo Gobierno “no exista una estrategia puntual, ni un protocolo definidos para combatir el problema de impunidad e inseguridad que nos afecta’’.

El especialista, presenta en su libro un esquema de cinco puntos básicos para el combate a la inseguridad:

El restablecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (ya considerada por el nuevo Gobierno); la creación de un Colegio Nacional de Mandos Policiales, con un esquema de promociones y ascensos similares a los del Ejército; una política nacional de costo-beneficio, tolerancia cero a la delincuencia y reinserción social efectiva.

Suena bien, pero…

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Un grupo de connotados médicos, respaldados por directivos de algunas empresas, propusieron al Senado de la República al doctor Fernando Guisa Hohenstein como candidato a la medalla Belisario Domínguez.

Guisa es un especialista en cáncer de mama que ha dedicado su tiempo y recursos para llevar a las mujeres, en condiciones de pobreza, los tratamientos más adelantados para la curación de ese mal que cobra millones de víctimas al año.

La propuesta fue enviada al presidente del Senado, Martí Batres, y al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, así como a la Comisión encargada de decidir el nombre del ganador.

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