Después de más de dos años de sesudas investigaciones sobre prácticas monopólicas absolutas de un grupo de “ratoncitos blancos”, que más bien parecen canguros, la Comisión Federal de In-com-pe-ten-cia Económica resolvió aplicarles a los dueños de siete grupos azucareros y a 10 comercializadores una multa por 87 millones de pesos, cantidad raquítica porque inicialmente, de manera extraoficial, se habló de 800 millones.
La susodicha comisión comprobó que los sancionados participaron y/o coadyuvaron, indujeron o propiciaron un acuerdo e intercambio de información con el objeto y efecto de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta de azúcar comercializada por los ingenios. Además, restringieron la venta de dicho producto a distribuidores y mayoristas con el objetivo de evitar que lo revendieran más adelante, a precios más bajos.
La investigación inició el 5 de diciembre de 2013, y dos años después la Cofece concluyó que habían existido esas prácticas y otros trinquetes. En el lapso investigado, el precio del polvito blanco se desplomó (desde 700 pesos por costalito hasta los 350 pesos), y para detener la caída las empresas sancionadas, con la ayuda de la CNIAA, celebraron el 29 de octubre de 2013 un acuerdo a través del cual fijaron el precio del azúcar al mayoreo y en el mercado spot en 350 pesos por bulto, expuso la institución. Y detalló: para monitorear y verificar el cumplimiento de los acuerdos, las empresas sancionadas junto con la CNIAA crearon la “Mesa de Venta”, esquema que operó varias ocasiones durante el período de la colusión, a través del cual realizaban las ventas de azúcar por parte de estas empresas azucareras a los clientes mayoristas; se verificaba e informaba a la CNIAA sobre las ofertas que cada empresa hacía en lo individual a sus clientes, indicando el ingenio, tipo de azúcar, volumen vendido, precio y condiciones de entrega; se cercioraban de que las ventas de los ingenios no estuvieran reduciendo “artificialmente” el precio y otras marrullerías.
La manipulación de precios descrita ocasionó una transferencia indebida de recursos de los consumidores a favor de los agentes económicos coludidos. Sin embargo, los “ratoncitos” prometieron, por su madrecita santa, no volver a incurrir en ese tipo de marrullerías, por lo que les hicieron una rebaja de 90% en la sanción: de 800 millones de pesos les dejó la sanción en 87.1 millones.
Los especialistas preguntan: ¿a cambio de qué los productores y comercializadores del “polvito blanco” obtuvieron ese descuentote? ¡Pues seguramente pasaron con la DEA! Exclaman los suspicaces. ¿La DEA? Preguntan los perplejos. Pues de a cómo. Responden aquéllos.
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El titular de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, podría indigestarse con el clásico tubérculo poblano. La semana pasada dijo que existían más de 700 predios invadidos y despojados violentamente en la demarcación que mal gobierna. Pero no existen denuncias legales de tal número de hechos. ¿Cómo quiere Ricardito que la autoridad haga algo si los interesados no han iniciado recurso alguno?
Según datos oficiales, en 2016 se han iniciado más de 200 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de despojo en la delegación Cuauhtémoc, y sólo en 10 se señala como probables responsables a grupos violentos. Más aun, de esta cantidad, únicamente un caso se refiere a la Asamblea de Barrios. ¡Ay, Ricardo; ay, Ricardo! Lo que tienes que hacer para atraer reflectores.
