Uno de los asuntos que en los últimos años se ha discutido tangencialmente al interior del Banco de México, es si en las minutas que se publican de las reuniones de la Junta de Gobierno en las que se decide sobre el rumbo de la política monetaria, se debe incluir la posición personal de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno con nombre y apellido.
Quizá a más de uno le parezca ocioso lo que estoy comentando, pero, créame, no lo es.
Desde enero de 2011 -fecha en la que el Banco de México comenzó a publicar estas minutas- y hasta el día de hoy, las minutas que da a conocer el banco central sobre las deliberaciones de su Junta de Gobierno relatan los asuntos y posturas de la discusión, pero omite los nombres de quienes plantean o defienden esas posturas. Mucho menos el banco central da a conocer el nombre del miembro o los miembros de la Junta que votan en uno u otro sentido.
He conversado con diversos miembros de la Junta de Gobierno sobre este asunto, y la razón principal que he escuchado para ocultar la postura personal de un miembro de la Junta de Gobierno, es muy simple: es irrelevante.
En todo caso, se argumenta por parte de quienes defienden esta práctica, lo importante es la decisión y/o postura colegiada de la Junta sobre la política monetaria a seguir.
Dar a conocer el nombre de quién vota en uno u otro sentido -también se me argumentó- sólo genera presiones innecesarias y alimenta el morbo. De hecho no existe -me decían- un consenso internacional sobre esta práctica y cada banco central ha escogido caminos diferentes para comunicar sus deliberaciones internas.
Los argumentos que escuché en este sentido en diversas conversaciones que tuve, parecen razonables, pero no suficientes como para desterrar uno que creo que es más poderoso que éstos y que tiene que ver con la falta de rendición de cuentas y de transparencia de nuestros funcionarios y organismos públicos.
No se puede perder de vista que cuando un funcionario público asume la responsabilidad de un encargo por parte del Estado, debe dar cuenta de las decisiones que toma en torno a las políticas públicas a su cargo y, por ende, que afectan, de una u otra manera, la vida de los ciudadanos. Esto es un principio elemental en toda democracia que busca construir instituciones fuertes.
¿Por qué, entonces, un miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México tendría que ocultar su decisión personal sobre la política monetaria y eludir, con ello, la responsabilidad que asumió como servidor público de rendir cuentas sobre sus decisiones y actos públicos?
Que el Banco Central y sus funcionarios de alto nivel rindan cuentas -no sólo en lo colectivo, sino también en lo personal- no solo fortalece la credibilidad del propio banco central, que tanto se necesita, sino también afianza una cultura de transparencia a la que los políticos y funcionarios mexicanos se siguen negando, por cierto, esgrimiendo elaborados argumentos, aunque falaces.
Conocer públicamente la posición y decisión de los señores Carstens Carstens, del Cueto Legaspi, Ramos Francia, Sánchez González, y, próximamente, de Guzmán Calafell, debe ser un acto de transparencia y de responsabilidad personal con las decisiones públicas que toman y para las que fueron designados.
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