El 10 de junio de 2012, día del segundo debate presidencial, el sitio web de Letras Libres publicó “Todo lo que ha cambiado”, un artículo del historiador Enrique Krauze. Este señalaba los cambios positivos en la vida política y social de México, en comparación con otro 10 de junio, el de 1971 –día de la matanza conocida como “El Halconazo”-. Con ejemplos sólidos, el intelectual sentenciaba que –pese a algunas similitudes- aquél día era muy distinto al de 41 años antes. En la coyuntura radicaba la pertinencia del texto: las campañas políticas, el surgimiento del #YoSoy132 y la ligera pero real sensación de revuelta, estaban exaltando a una parte del electorado.
A un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aquél 26 de septiembre, creo que todos hemos reflexionado en mayor o menor medida sobre lo ocurrido. En mi caso, cuando escucho del tema, a veces pienso como hubiera reaccionado yo en un caso así. Y por alguna razón, recuerdo las dos veces que he sido asaltado. No sé por qué. El punto es que la reflexión no debe cesar, porque para no repetir, primero no hay que olvidar.
Bajo esta premisa, y siguiendo la línea de Krauze, me pregunté: ¿Qué clase de país seremos el 26 de septiembre de 2055, 41 años después? Irónicamente, las matanzas de 68 y 71 hirieron de muerte al viejo sistema, propiciando, entre otras cosas, la Reforma Política de 1977, que introdujo los plurinominales y aceleró la apertura democrática del país. Estas tragedias obligaron a México a cambiar para bien. Y, a pesar de la zozobra e indignación, Ayotzinapa debe hacerlo también.
El 17 de este mes, la Cámara de Diputados aprobó –unánimemente- la declaración del 26 de septiembre como “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”. En 2055, ¿ese día será visto como detonante anual de debate público y recordatorio de nuestra fragilidad institucional? ¿Será visto como el día que propició el combate y eventual control de la deshonestidad mexicana mediante el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿O será un jueves o sábado más?
El jueves pasado, el presidente Peña se reunió por segunda vez con los padres de los estudiantes. En 2055, ¿Se calificará de acertada la decisión del Gobierno de crear una fiscalía para la búsqueda de desaparecidos? ¿Se dirá que esas reuniones alzaron la vara en cuestiones de atención presidencial directa a los afectados por este tipo de tragedias? ¿O serán vistas como estrategias mediáticas? En 2055, ¿Habremos reducido la “cifra negra” –delitos donde no se inició averiguación previa y que, según el INEGI, es del 93.8 %- a un mínimo manejable? ¿La indignación social, producto de aquélla noche septembrina, habrá hecho entender a los partidos políticos que surgen de y para la gente? ¿Guerrero habrá salido de su histórico rezago que lo hace hoy –según el Índice de Paz México 2015- nuestra entidad más violenta? ¿El porcentaje de mexicanos que apoyan la democracia –37 % en 2013, según Latinobarómetro- habrá crecido? Ayotzinapa surge del cruce de viejas negligencias en temas tan diversos como los anteriores.
El Gobierno de la República, al reunirse con los padres, está escuchando el dolor. Tal vez no tanto como muchos quisieran, tal vez no tan profundamente como otros piden, pero se está avanzando hacia la verdad. El tiempo no es un narrador objetivo; tarde o temprano mitificará el 26 de septiembre y le dará un nuevo significado. Ese proceso es inevitable en casos tan impactantes y confusos. Pero depende de nosotros hacer de ese mito algo digno, pedagógico y –dentro de lo posible- esperanzador.
