La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Gobierno del estado de Veracruz, derogar, a la brevedad, la Ley de ultrajes a la autoridad, art. 331 del Código Penal Estatal, que desde hace un par de años la Suprema Corte de Justicia calificó de anticonstitucional, luego de que el senador morenista, Ricardo Monreal defendiera a seis jóvenes que fueron detenidos en Xalapa, acusados de secuestro y encarcelados tres meses.

El Congreso de Veracruz informó que recibió la iniciativa enviada por el gobernador, para reformar el Código Penal, junto con otras disposiciones a la normatividad estatal. La presidenta del Congreso local, Cecilia Guevara, --a quien el cargo le quedó muy grande y no tiene otra que hacerle caso al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien la mangonea a su antojo, y es el verdadero líder de los diputados veracruzanos-- dijo que la propuesta será turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, la gente espera que se pongan a trabajar de inmediato, tal y como es la recomendación de la CNDH y no estén preguntando qué hacer en estos casos.

Los veracruzanos exigen que también sea derogado el artículo 371, del Código Penal para el estado de Veracruz, que tiene que ver con Espionaje contra las Instituciones de Seguridad Pública, porque aseguran que ambos artículos se relacionan y de nada sirve derogar uno, y el otro siga vigente.

Algunos medios y el propio Gobierno de Veracruz, así como los defensores de esta causa pocas veces hablan de que hay otros detenidos desde hace once meses, sin juicio y, por lo tanto, sin sentencia. La ley de Ultrajes a la Autoridad empezó a operar tres días después de su aprobación en el Congreso local, en la persona de un contrincante político, Rogelio Franco Castán, ex secretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y candidato a diputado federal por el PRD, quien todavía está preso en el penal de La Toma en Amatlán de Los Reyes, Veracruz. De ahí que se le llame Ley Franco.

Como este caso han sido muchos y como sucedieron en tiempos electorales nadie duda en que se trata de un castigo a la disidencia política que debería gozar de total libertad para expresarse, conducirse y actuar.

La propia redacción de la Ley de Ultrajes a la autoridad hace evidente su espíritu represivo, porque dice a la letra: Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

En marzo del 2021 se avaló la reforma que daba vida a la Ley de Ultrajes a la autoridad, que endurecía las penas por este delito de ultrajes a la autoridad, asegurando que a través del tiempo esta conducta se juzgó como un ilícito de bajo impacto, cuyas consecuencias “afectan únicamente la esfera de derechos del servidor público lacerado”. Las leyes deben proteger a la población y no a las autoridades.

Deben conocer lo que la gente quiere, de otra manera la confianza en las urnas se deshace y se revierte contra las autoridades que creen tener el mismo apoyo que el día que los eligieron. Lo cual hoy por hoy no es real.

El Congreso local de Veracruz debe entender a la gente y que son los veracruzanos quienes elegirán las leyes que los rigen. Y así hacer posible la intención de que el pueblo es el que gobierna y no los caprichos y venganzas del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, que es el poder tras el trono, posición que no disimula tener.

PEGA Y CORRE.- La popularidad del Presidente de la República creció en enero a pesar de la sospecha de complicidad en las elecciones de los trabajadores petroleros, ahora se encamina fuerte a la revocación de mandato… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.