Es cierto que el informe de la Sedatu de responsabilidad penal, por el desastre ocasionado por el huracán Manuel el año pasado en Acapulco, está completo desde hace meses, y es verdad también que el sigilo ha sido tal porque está en revisión por las distintas instancias que lo analizan, sobre todo en cuestiones jurídicas. Nos confirman pues que los nombres que han salido a la luz ligados con el informe no son del todo precisos. Por lo pronto puede usted borrar de la lista a Víctor Manuel Borrás, ex director del Infonavit.
El que está contra la pared es el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, luego de que se han hecho públicos los vínculos de su padre, Humberto Medina Ainslie, con empresas constructoras, a las que ha trascendido que pedía comisión para otorgarles contratos públicos. De hecho, autoridades del municipio de San Pedro Garza acusan a Humberto Medina de operar ante el Tribunal de Justicia Administrativa para lograr el cambio de uso de suelo en sus predios, todo con la complacencia del gobernador.
En una más de infiltrados, la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, que encabeza Alberto García Sarubbi, duerme con el enemigo. Nos dicen que un “alto” funcionario recién llegó a las oficinas de prensa sin romper con el periódico al que “pertenecía”, o sea, cobra doble, según señala una denuncia en su propia Contraloría. Por cierto, se trata de un diario que ha sido de los más críticos del INE y hoy obtiene información privilegiada.
La PGR investiga a los dos reporteros de Michoacán que fueron exhibidos por la periodista Carmen Aristegui en una grabación donde están recibiendo dinero de La Tuta. Uno de ellos, Eliseo Caballero, quien por cierto ya no labora para la empresa señalada. Aún horas después cuesta trabajo descifrar quién fue el mayor beneficiado por la filtración del video, si la conductora y la empresa MVS, cuyas fobias son públicamente conocidas, o el propio líder de los Templarios.
