El caso de Benítez Treviño y su hija no ha terminado y ahora es el turno de evaluar la actuación de la Secretaría de la Función Pública.
Ayer mi colega columnista Salvador García Soto puso el dedo en la llaga. Según García Soto, Humberto Benítez Treviño, el ex procurador federal del consumidor, mintió públicamente al declarar que ni ordenó, ni sabía del operativo de los inspectores de Profeco para cerrar el restaurante Máximo Bistro por capricho de su hija.
Apoyado en las declaraciones de los funcionarios suspendidos por el escándalo, García Soto no duda en señalar las mentiras de Benítez Treviño como la causa que le llevó a ser despedido de su cargo por el presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo en este camino tapizado de mentiras en el intento de cubrir a Benítez Treviño, también aparece la secretaría de la Función Pública ahora a cargo de Julián Alfonso Olivas Ugalde.
Y es que siguiendo las declaraciones de los funcionarios de Profeco se llega a la conclusión que la Función Pública avaló las mentiras de Benítez Treviño con una ‘investigación’ superficial y a todas luces simulada, porque en su dictamen final del 9 de mayo exoneró al entonces procurador y le liberó de toda responsabilidad en el caso conocido en las redes sociales como ‘#LadyProfeco’.
En aquel comunicado del 9 de mayo la Secretaría de la Función Pública dijo lo siguiente:
- Que había tomado declaración a 13 funcionarios incluyendo a Benítez Treviño,
- Que suspende de manera temporal a varios funcionarios de alto rango de Profeco y que iniciará procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los funcionarios que participaron en la verificación,
- Que “durante la investigación realizada no se desprendieron elementos para instrumentar procedimiento en contra del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor”, y
- Que si surgen nuevos elementos que establezcan responsabilidades administrativas o penales, se procederá en los términos de la ley.
Pues bien. Si las declaraciones de los funcionarios de Profeco sancionados coinciden en que Benítez Treviño mintió públicamente, entonces Olivas Ugalde y sus investigadores de la Función Pública o fueron terriblemente ineficaces para realizar un trabajo de investigación que les pidió directamente el Presidente de la República; o mintieron públicamente respecto de Benítez Treviño en su resolución que dan a conocer a través de este comunicado de prensa.
La Función Pública -que está en vías de extinción en este gobierno- es una dependencia pública que existe solo para generar confianza ciudadana en la actuación del gobierno. En su portal en Internet se lee que existe para vigilar “que los servidores públicos se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones”.
Si esa es su tarea principal, entonces el caso Benítez Treviño ha sepultado lo poco que quedaba de la Función Pública y su titular –encargado del despacho- debería presentar su renuncia.
Si se trata de congruencia en el comportamiento ético de los funcionarios públicos, por la misma mentira que provocó que el presidente Peña Nieto despidiera a Benítez Treviño, Olivas Ugalde debería irse.
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