Uno de los indicadores económicos que los ciudadanos debemos seguir con atención es el que ayer publicó INEGI. Se trata del Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente o también llamado “Producto Interno Neto Ecológico”.
Con este indicador se intenta medir cuánto produce anualmente el país una vez que se ha descontado el daño que se causa al medio ambiente para generar esa producción. Con esto también se cuantifica, en pesos y centavos, el tamaño del deterioro que se causa al medio ambiente por las actividades económicas que todos realizamos.
Según los expertos de INEGI, en 2011 este daño al medio ambiente fue equivalente a 6.9% del PIB lo que en pesos significa un costo de 984 mil millones de pesos, unos 78 mil millones de dólares, que nos parece una barbaridad y más aún si este daño no se compensa, como realmente ocurre según las cifras de INEGI.
Las estadísticas nos dicen que para compensar el daño, el sector público, el privado y las familias gastaron en 2011 alrededor de 1% del PIB en programas de protección ambiental, es decir, una séptima parte de lo dañado, lo que arroja un enorme déficit -sólo para ese año- en la reposición del deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos naturales del territorio.
En pocas palabras, el escaso crecimiento económico del país -en 2011 la economía apenas creció 3.9%- tiene un alto costo ambiental que, necesariamente, impactará el crecimiento económico futuro.
Ahora bien, dadas sus características de industria extractiva, la minería es el sector que más daño causa al medio ambiente, pero también la que menos aporta proporcionalmente para la restitución del deterioro que provoca.
Las cifras de INEGI son demoledoras. En términos de gasto sólo se repuso 8.6% del costo que se generó en daño ambiental. De los 242 mil millones de pesos en los que se calcula el deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos para 2011 provocados por las actividades mineras, sólo se invirtió 21 mil millones de pesos en la protección ambiental para restituir esos daños.
Con estos pocos datos en la mano, la conclusión parece sencilla. A pesar de los avances de los últimos años en programas de reforestación o en tratamiento de aguas residuales, lo cierto es que el déficit ambiental provocado por el ritmo de las actividades económicas -y en particular de algunas actividades con alto impacto en el medio ambiente- sigue ampliándose a pasos agigantados, hipotecando el futuro de las siguientes generaciones.
Si bien se requiere que la economía crezca a 6% anual, como se ha insistido últimamente y como es el énfasis del gobierno de Enrique Peña Nieto, este crecimiento no debe ser a costa de un mayor deterioro del medio ambiente. En todo caso, el gobierno y las organizaciones no gubernamentales deberían fijarse una meta a seis años de crecimiento en términos del Producto Interno Ecológico que elabora INEGI.
SÍGALE LA PISTA…
Ayer la periodista Claudia Villegas hizo una aguda observación sobre el comunicado que envío Pemex a la Comisión de Valores de Nueva York. En el comunicado del 1 de febrero el área de Relaciones con Inversionistas de la paraestatal decía: “El 31 de enero de 2013 ocurrió una explosión en uno de los edificios…”. El término que nunca se usó en México, fue cambiado poco tiempo después por “incidente”.
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