Un cambio que trajo consigo la pluralidad política mexicana de finales del siglo pasado, fue el debilitamiento de la mítica capacidad coercitiva e impositiva del gobierno federal frente a otros factores de poder. Ya desde el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando éste no logró descarrillar de la gubernatura tabasqueña a Roberto Madrazo tras una elección bastante cuestionada, se asomaba dicho fenómeno. Que un presidente de la república priista doblara las manos ante un gobernador de su mismo partido era algo inédito.
Asimismo, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se protegió y empoderó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y, en especial, a su lideresa Elba Esther Gordillo. El primero puso a un incondicional de Gordillo de secretario de Educación Pública, y el segundo, al yerno de la maestra de subsecretario de Educación Básica. El resultado de doblar las manos frente a intereses ajenos al progreso nacional fue una educación secuestrada.
Hoy, al parecer, existe el riesgo de que el presidente y su gobierno cedan ante un chantaje de tipo electoral: dentro de los corredores políticos que frecuento, he empezado a escuchar cosas como “van a patear la aprobación del matrimonio gay hasta después de las elecciones de 2017”, “van a congelarla, la gente se enojó por la iniciativa”, “fue un error mandarla antes de las elecciones” –recordemos que el presidente lanzó su iniciativa de matrimonio igualitario el 17 de mayo, es decir, 19 días antes de las elecciones-.
Según el diario El País, “1,000 organizaciones religiosas, aglutinadas en el Frente Nacional por la familia, y de otras 2,000 iglesias evangélicas, que representan más de diez millones de fieles, se han unido para frenar la propuesta de Peña Nieto”. Reitera, también, que “la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) admitió que los sacerdotes tienen la obligación de informar a los feligreses sobre la propuesta del Ejecutivo y sus efectos negativos en la sociedad”. El trasfondo de dicha nota, publicada después de las elecciones, es el chantaje: estos grupos religiosos le están diciendo sutilmente al presidente que van a operar contra el PRI si no retira su iniciativa.
Muchos tricolores piensan que para reafirmar las gubernaturas priistas de Coahuila, Nayarit y el Estado de México en 2017, sería bueno ceder. Sin entrar al debate de si la iniciativa mermó o no la competitividad del PRI en las últimas elecciones –Labastida dice que sí, pero el experto en temas religiosos Bernardo Barranco, dice que no-, debemos captar lo realmente importante: si el presidente decide retrasar, o definitivamente congelar, su iniciativa, estaría cayendo en el juego de los grupos religiosos y de los priistas que piensan que es mejor ganar elecciones que darle derechos a los mexicanos. Estaría priorizando la política y no la gente, como Fox y Calderón con el tema educativo.
La historia reciente de México nos ha enseñado que el gobierno tiene propensión a ceder ante intereses particulares: el crimen organizado, la religión, los partidos políticos, los medios de comunicación, los sindicatos y diversas empresas. No podemos caer en eso. Este gobierno ya demostró que sí es posible combatir a los poderes fácticos –hoy vemos a un secretario de educación pública que, con la ley en la mano, no permite que se extorsione a la autoridad-. Se debe aplicar el mismo principio en esta situación.
Visión de Estado es adelantarse al futuro, no a las elecciones. El presidente no puede ceder un solo centímetro frente a los grupos religiosos. El propio coordinador de los diputados priistas, César Camacho, dijo que en septiembre se discutirá la iniciativa. Esperemos que así sea. El no hacerlo significaría que el presidente dobló las manos, pero aún peor sería el mensaje implícito: la política va antes que la consagración de las conquistas sociales, antes que la igualdad entre los mexicanos. Espero que el presidente recuerde que la gente siempre, siempre, siempre, va antes que la política.
