Un grupo de diputados priistas se le anda queriendo revelar a su pastor, César Camacho Quiroz.

 

¿El motivo? La desaparición del llamado “Fondo para el Fortalecimiento Municipal’’ o mejor conocido como “el fondo de los moches’’.

 

Hace unas semanas, después del sismo del 19 de septiembre, Camacho Quiroz anunció que dicho fondo –al que se le inyectan cada año 10 mil millones de pesos, 20 millones por cada uno de los 500 diputados- desaparecería.

 

El anuncio fue respaldado por sus compañeros de bancada… los mismos que ahora nomás no quieren dar su bracito a torcer.

 

El argumento de los inconformes es que no tendrán recursos para “los proyectos comprometidos’’ en sus distritos; la situación se agrava por los tiempos electorales, pues nadie quiere dar ventaja al rival político.

 

El fondo, de hecho, sí desaparece –al menos ésa es la intención- como se conocía, pero los recursos seguirán estando ahí, aunque ya no a disposición de los diputados, sino de los gobernadores.

 

Esto es lo que tampoco gusta a un grupo de legisladores del tricolor.

 

Por ejemplo, se preguntan ¿cómo puedo saber si el gobernador de Chihuahua, que es panista, entregará el dinero al presidente municipal de mi distrito y no privilegiará a los municipios de su partido?

 

¿Qué garantía tengo de que esos recursos no sean utilizados en mi contra?

 

César Camacho no habría hecho la oferta de desaparecer el fondo de los moches si no estuviera seguro del apoyo de su bancada y de más arriba.

 

Pero ahora deberá mostrar su experiencia en la negociación interna para convencer a los rebeldes que nomás no quieren soltar su bolsa de 20 millones de pesos.

 

A ver.

 

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el cese y consignación del jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, así como la consignación de su antecesor, José Manuel Ballesteros López, por desacato.

 

Ambos funcionarios ignoraron una demanda de amparo que obtuvo un grupo de trabajadores que en 2014 pidieron ser catalogados como verificadores, con todas sus ventajas salariales.

 

Ballesteros López, primero, y Moreno Rivera, después, le hicieron al tío Lolo hasta que ayer la Corte ordenó el cese del primero y su consignación.

 

Pero en el caso del segundo, se trata de un diputado local, por lo que no se entiende si el fallo de la Corte termina con su fuero o la Asamblea Legislativa tendrá que iniciar un juicio de procedencia para desaforarlo y después consignarlo ante un juez penal.

 

Lo malo del asunto es que hay quien dice en el PRD que basta con que los dos políticos acudan a la Asamblea –la cual debe ser enterada por la Corte de su resolución-, ofrezcan la restitución de los derechos de los trabajadores inconformes, paguen los salarios y prestaciones caídas, y fin del asunto.

 

¿Será que tan fácilmente se puede “arreglar’’ un asunto como éste?

 

 

 

A propósito de los diputados, en los escritorios de los legisladores que integran la Comisión de Salud se encuentra una propuesta de la ONG global Vital Strategies para reformar la ley federal en la materia.

 

El propósito de la propuesta –y de una campaña seria- es lograr que se homologuen las leyes estatales que prohíben fumar en lugares públicos.

 

De acuerdo a la ONG, cuyo director en México es Benjamín González, sólo en 11 de las 32 entidades federativas del país cuentan con una legislación que prohíbe fumar en lugares públicos.

 

En el resto, pese a que existe una legislación federal sobre el tema, su aplicación es laxa, por lo que sigue habiendo graves daños a la salud de los fumadores pasivos y de los no fumadores.

 

¿Harán caso los diputados o será hasta la siguiente legislatura cuando se ponga atención al tema?