Después de la amarga derrota que sufrió el martes la selección mexicana de futbol frente a Bosnia, nuestros buenos vecinos decidieron darnos una “dulce noticia” con el anuncio del aplazamiento de la “cuasi pena de muerte” contra aquellos industriales azucareros mexicanos que exportan azúcar al mercado norteamericano, a quienes su contraparte en Estados Unidos acusaron de “dumping” en los precios y de recibir subsidios por parte del gobierno Federal.
Los “good neighbors” habían puesto como fecha fatídica el 15 de junio para decidir si imponían o no un arancel a las exportaciones mexicanas de dulce (lo que haría incosteable las ventas a aquel país), pero como el tema les está resultando ”extraordinariamente complicado”, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos publicó el martes en el Federal Register, una prórroga para determinar si los ingenios mexicanos incurrieron en esas prácticas, por lo que la nueva fecha para “darles cuello” a aquellos o “perdonarles la vida” será a finales de agosto.
El 17 de abril del año en curso, el Departamento de Comercio de Estados Unidos inició la investigación correspondiente sobre azúcar subsidiada proveniente de México y puso como fecha límite para dictar sentencia el 23 de junio. Pero como las partes involucradas han cooperado y la investigación es “extraordinariamente complicada”, pospusieron el fallo poco más de dos meses, dice la versión oficial. Y detalla: Desde que la investigación fue ingresada, cuatro exportadores de azúcar mexicanos (Zucarmex y Piasa entre ellos, según información del columnista), por separado, han dado cuenta de sus existencias, así como el FEESA (Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero) que administra y comercializa el dulce de los ingenios públicos, expropiados hace 13 años a Enrique Molina Sobrino.
El Gobierno mexicano ha estado activamente envuelto en este procedimiento y ha enviado una delegación de representantes a las oficinas del Departamento de Comercio para las consultas concernientes a la investigación inicial y ha brindado valiosos testimonios, subraya la información. Dichas acciones de la industria azucarera de México así como de su gobierno indican que las partes interesadas se encuentran “flojitas y cooperando” en esta investigación, interpretan los malosos.
El Departamento de Comercio determinó que la investigación es extremadamente complicada en vista de: el número y la complejidad de los presuntos subsidios sujetos a los programas y a la necesidad de determinar la exención en las que estos subsidios son usados por los productores particulares así como por los exportadores.
Específicamente, agrega, debe analizar al menos 20 complejos programas de subsidio, la mayoría de los cuales nunca han sido examinados. Estos programas incluyen descuentos en adeudos así como condonaciones, garantías, beneficios arancelarios y préstamos preferenciales, los cuales deben ser examinados por cada uno de los responsables seleccionados, así como cualquier empresa que sea propiedad cruzada con dichos responsables.
Por estas y otras razones se pospuso la ejecución, perdón el fallo, hasta el 25 de agosto del año en curso.
Los industriales azucareros mexicanos y el gobierno Federal no lo pueden decir abiertamente, pero la realidad de este asunto del “dumping” y subsidios” a las exportaciones azucareras, es que cuando nuestros vecinos se dieron cuenta de que les estaba entrando dulce de México hasta por las orejas -cerca de dos millones de toneladas en el ciclo 12/13- los integrantes de la American Sugar Alliance, que fueron quienes demandaron, empezaron a “hacer sus marranadas”, como dijo el “Piojo” Herrera.
AGENDA PREVIA
Duro reclamo el que externó el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) por las posiciones dogmáticas de algunos legisladores y partidos que “entorpecen” la aprobación de la ley reglamentaria de la reforma de telecomunicaciones. El IDET hizo un claro exhorto al poder legislativo para que cumpla con su obligación aprobando la iniciativa en la materia, a efecto de fortalecer al sector y lograr un entorno favorable para la competencia.
Y es que mientras los partidos -tal como ocurrió ayer- continúan recriminándose acuerdos en lo “oscurito” con el Gobierno Federal, y reclamando protagonismos fuera de lugar y de tono, lo que permea en el sector es la parálisis y el estancamiento. El mismo Instituto señalaba ayer, entre los efectos causados por la falta de una ley reglamentaria en telecomunicaciones, es una preocupante baja en la penetración de algunos servicios. Por ello tal como lo expresa el IDET, es hora de sumar esfuerzos y voluntades -de jugar en equipo, pues- para contar con un marco legal y regulatorio acorde con la convergencia tecnológica y el marco Constitucional. ¿Será mucho pedir?
