El pasado 27 de septiembre el presidente electo, Enrique Peña Nieto recibió de más de 60 organizaciones públicas, privadas y sociales, que representan a los sectores científico, académico, social y empresarial, el documento Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Entre las propuestas contenidas en esa agenda, destaca la de crear una Secretaría que se encargue de atender los asuntos en materia de ciencia, tecnología e innovación, y en la cual quepan, en un momento dado, los relativos a la educación superior.
Al respecto, el mandatario entrante señaló: “En su momento, dije que yo prefería invertir más en la asignatura que crear más burocracia. Sin embargo, déjenme llevarme esta propuesta; déjenme valorarla y analizarla. Lo importante debe ser que aseguremos un mecanismo en el funcionamiento del sistema, eficaz, que le permita al Presidente de la República tener acercamiento constante y regular con quienes operan y son parte de este sistema, para definir con toda claridad los objetivos a lograr”.
Esas palabras, más allá de un “sí” o un “no”, significan una clara señal de que el estado de la ciencia en México habrá de cambiar sustancialmente en los próximos días. El próximo jefe del Ejecutivo está valorando ahora cuál podría ser la mejor estrategia para proveer al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI) de los instrumentos necesarios, para hacer del conocimiento científico el motor del crecimiento económico y social que el país requiere: está, por un lado, crear una secretaría de Estado; por el otro, fortalecer la gobernanza del sector.
El sistema nacional de CTI tiene como cabeza estructural y máxima instancia de organización al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Lo preside nada más y nada menos que el titular del Ejecutivo federal y el secretario es el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Se trata de un genuino gabinete de ciencia, tecnología e innovación, pues en este órgano participan nueve Secretarios de Estado y, según la Ley de Ciencia y Tecnología, debe reunirse cuando menos dos veces por año, a convocatoria del Presidente de la República.
Desde su creación, en 2002, hasta la fecha, el Consejo General no ha recibido la debida atención, pues a lo largo de este lapso, las veces que se ha reunido se pueden contar con una sola mano. Esto se ha traducido, como atinadamente se lee en la página 27 de la Agenda Nacional: “en un vacío de liderazgo del sistema, una ausencia en la definición de grandes objetivos, así como una falta de coordinación intersectorial e interregional para la planeación y el financiamiento que permita alcanzar esos objetivos. Este asunto es identificado aquí como la deficiencia en la gobernanza del Sistema Nacional de CTI”.
Precisamente, mujeres y hombres de la academia, la ciencia, el empresariado, así como de organizaciones de la sociedad civil que suscriben este documento, como Gabriela Dutrénit, titular del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, han externado al licenciado Peña Nieto que, “si la decisión es mantener la actual estructura, el presidente habrá de atender personalmente al Consejo General para convocarlo, dar rumbo estratégico y seguimiento a los acuerdos establecidos, con el fin de otorgarle el nivel de prioridad, funcionalidad y operatividad que el sector requiere para contribuir al desarrollo nacional.”
Como se ve, no es cuestión de magnitudes sino de voluntades. Se trata de echar a andar la rueda, no de reinventarla. El próximo gobierno puede pasar a la historia como el que, ¡por fin!, apostó a la ciencia para activar el potencial competitivo de México y lo encaminó al Primer Mundo. La decisión está siendo hondamente sopesada en estos momentos. La ciencia mexicana está a la expectativa.
