¿Cuánto nos cuesta a los contribuyentes la inconformidad social por la construcción de proyectos de infraestructura públicos, debido a una deficiente planeación desde los gobiernos o, lo que es peor, a la arrogancia de sus ejecutores, quienes desdeñan la negociación con las poblaciones afectadas?
El asunto no es menor. Los sobrecostos que se han pagado por estas razones en algunos proyectos públicos alcanzaron 300%, mientras que los costos por decenas de proyectos detenidos son incuantificables.
Hace unos días nos enteramos por la prensa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está analizando construir un segundo piso en la autopista México-Cuernavaca para cruzar la capital morelense con agilidad dado el creciente congestionamiento que sufre esa vía federal para quienes desde México viajan hacia Chilpancingo o Acapulco. La alternativa del segundo piso en la autopista surgió porque el viejo proyecto de construir un libramiento que rodee la capital morelense -según dijo el subsecretario Raúl Murrieta- ha sido imposible de llevar a cabo por el conflicto social derivado de la oposición de los pobladores. El hecho es que construir el segundo piso sobre la autopista federal costaría hasta 12 mil millones de pesos, frente a los cuatro mil millones presupuestados para el libramiento. La pregunta es si hubo un diálogo constructivo con los pobladores y una correcta medición de los costos sociales y ambientales de la obra.
Y nos preguntamos lo anterior porque en el caso de la construcción de la Supervía Poniente del Distrito Federal, a cargo del gobierno de Marcelo Ebrard, los costos sociales fueron muy altos, lo que hizo que esta vía ya sea conocida como una de las más caras del país por su tarifa por kilómetro recorrido. Costo, por cierto, que pagarán los ciudadanos que la utilicen.
Y cómo olvidar los enormes costos económicos provocados por la arrogancia del gobierno de Vicente Fox en la pretendida construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la zona de Texcoco, proyecto en el que -a todas luces- se desdeñó la vinculación, participación y beneficios para la comunidad afectada, así como la cuantificación de los impactos sociales y ambientales que implicaría una obra de esa magnitud.
Se ha dicho mucho que el actual gobierno del presidente Peña Nieto revivirá el proyecto de construir el aeropuerto de la Ciudad de México precisamente en la zona de Texcoco, sin embargo aquella sombra derivada de los altos costos sociales infligidos hace una década no ha desaparecido y sería una de las principales causas por las que el anuncio sobre el Plan Nacional de Infraestructura -en la que el aeropuerto es el proyecto de mayor envergadura- todavía no se ha dado a conocer.
Es el caso también de la instalación de antenas de telefonía, del tendido de las redes de fibra óptica, de la construcción de presas, de los proyectos de energía eólica en Oaxaca y Baja California y, por supuesto, será el caso de los proyectos de vías férreas y de la construcción de carreteras y anillos periféricos en las ciudades.
Y es que sin una seria valoración del costo social y de su vinculación comunitaria, muchos de los proyectos de inversión física contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura, que se dará a conocer en los próximos días, corren el riesgo de repetir los elevados sobrecostos y los fuertes retrasos en las obras de Pemex, de la SCT, o de los gobiernos locales; y eso tiene impactos en la inversión.
Los riesgos asociados a la inconformidad social en las obras de infraestructura son un factor competitivo de los proyectos de inversión, que el gobierno no puede desestimar. También de eso se trata la rendición de cuentas.
