El impuesto a la tenencia o uso de vehículos como gravamen local a partir del 1 de enero de 2012 ha abierto un debate no solo fiscal, sino también político entre los gobiernos y ciudadanía de los estados, que bien puede abrir el camino hacia una reforma hacendaria de mayor calado en el futuro.
Tal y como funciona ahora –y lo hará hasta el 31 de diciembre de 2011 según el decreto del presidente Felipe Calderón- la tenencia vehicular es un impuesto federal que recaudan los estados a nombre de la Federación pero que se los quedan los gobiernos estatales para su propio uso presupuestal. Es decir, es una transferencia de recursos de la Federación a los estados pero sin un costo político para éstos últimos. Un impuesto ‘a modo’ para los gobiernos estatales y cuya recaudación alcanza poco más de 25 mil millones de pesos al año.
Felipe Calderón, como otros tantos gobernadores en campaña electoral, había propuesto la derogación del impuesto federal de llegar a la Presidencia de la República. Finalmente lo cumplirá precisamente en el año en que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales lo que alimenta las críticas de sus opositores que ven en ella una medida populista y electorera. Más allá de estar no o de acuerdo técnicamente con la derogación de la tenencia, es difícil separar ambos eventos.
Pero esta misma motivación de Calderón obligará quizá a un tercio de los gobiernos estatales a no aplicarla como impuesto local a partir de 2012, entre ellos el Distrito Federal y el Estado de México que concentran la mayor parte del parque vehicular del país. Los demás gobiernos estatales aplicarán el impuesto local, parcial o totalmente, por razones de insuficiencia de recursos fiscales o por presiones políticas y económicas en sus propias entidades. Estados altamente endeudados como Coahuila, Veracruz o Nayarit continuarán aplicando el impuesto ahora como local, lo mismo que Nuevo León o Sinaloa. Otros como Yucatán, Jalisco o Aguascalientes han diseñado esquemas particulares para aplicar el impuesto con carácter local.
Lo interesante de esta discusión que se ha abierto por el impuesto a la tenencia de vehículos es que en muchos de los estados, la ciudadanía local se ha expresado cuestionando el destino de estos recursos en las finanzas locales. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en Coahuila, en Baja California o en el Distrito Federal, donde la presunta aplicación de un impuesto local para ‘autos de lujo’ a partir de 350 mil pesos del valor de factura ha abierto un debate en las redes sociales.
El asunto es que los gobiernos estatales y municipales ya no podrán sostener en el futuro sus obligaciones financieras ‘recostados’ únicamente en el presupuesto federal. Su propia situación financiera –en algunos casos al límite- les obligará a repensar sus estrategias de política fiscal en cuanto a la tributación local y a tener que ‘tragarse’ el costo político de aplicarlas.
En ese sentido la decisión o no de aplicar una tenencia vehicular local, si bien incipiente, abre brecha hacia una mayor discusión sobre la política fiscal local y su eficacia.
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