Mea culpa. Ayer Luis Robles admitió ante los senadores que los banqueros y el Buró de Crédito sí son corresponsables por los excesos que se cometieron en la acelerada contratación de deuda bancaria durante el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila.
Pero Robles, quien es presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, dijo algo más escalofriante aún -y cito textualmente: “Hoy no tenemos conocimiento, nadie, ni la Asociación de Bancos de México, ni la Secretaría de Hacienda, ni el Banco de México, y me atrevo a afirmar que en algunos casos ni los propios estados, un registro de cuánto se debe”.
¡Vaya declaración!
Parafraseando a Robles: Durante años se entregaron créditos a manos llenas al capricho de unos señores cuasi feudales que ocultaron las cifras y las condiciones de los créditos, sin que nadie les pidiera cuentas de nada. Nadie sabe nada.
Y esto lo dice, nada más ni nada menos, que el representante de los banqueros del país, quien nos deja mudos frente a semejantes realidades de autoritarismo, opacidad y corrupción en el manejo de las finanzas locales.
Por eso permítame hacer unas cuantas preguntas en este espacio, a propósito del endeudamiento de los gobiernos locales:
¿No son los banqueros privados acreedores corresponsables del endeudamiento de Coahuila -y de muchas otras deudas de gobiernos locales más- por no hacer un análisis serio de riesgos que advirtiera sobre un escenario como el que ahora enfrentan algunos gobiernos locales, independientemente de que la garantía de estos créditos corra a cargo del gobierno federal? Ahora sabemos que las suculentas tasas de interés y comisiones que se cobraron fueron factor suficiente para hacer caso omiso de los análisis de riesgos de estos deudores y que, a ello, se sumaron -en no pocos casos- ciertos compromisos políticos y ganancias personales en las operaciones con un fuerte olor a corrupción.
¿Dónde estaban las autoridades de supervisión financiera cuando ex funcionarios públicos de alto nivel y ex banqueros, en su calidad de asesores financieros y comisionistas, indujeron al financiamiento sin freno de los gobiernos locales, a cambio de leoninas comisiones protegidas por la opacidad y la escasa rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales? ¿Acaso no se debió regular esta actividad? Estos casos de abuso y corrupción entre comisionistas y funcionarios estatales fueron públicamente conocidos en su momento, pero las autoridades financieras federales parecieron haber sido las últimas en enterarse y, menos, en actuar.
¿Por qué las calificadoras de riesgos que cobran por evaluar estos créditos a la luz de la salud y la gestión de las finanzas públicas, presentes y futuras, no advirtieron sobre los graves problemas que se gestaban al interior de estos gobiernos? Muchas de las calificaciones no correspondieron con la situación real de las deudas. Allí está Tabasco como muestra. ¿Acaso las calificadoras, al igual que los bancos, también hicieron caso omiso de la evaluación del riesgo, dado que, al final, será el gobierno federal quien fungirá como garante con el flujo futuro de las participaciones que entrega?
La discusión legislativa sobre este espinoso asunto apenas comienza. Sería lamentable que no se aprovechara la oportunidad para cimentar un federalismo basado en la transparencia y en la responsabilidad financiera que, como ya vimos en todos estos actores, brilla por su ausencia.
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