En los primeros esbozos de política económica que se puede leer en México, la gran esperanza, el libro que publicó el ahora presidente electo, Enrique Peña Nieto, ya se advertían rasgos de una mayor intervención estatal en la economía.
En aquel entonces, los críticos vieron que en esa postura de mayor presencia de un Estado guía, promotor, inversor y hasta benefactor de la economía que asumió Peña Nieto, se asomaba la mano de los viejos ideólogos del PRI y, con ellos, de los rancios intereses sindicales, de líderes políticos locales y empresariales que los soportan.
Así se leyó en algunos círculos la postura que asumió Peña Nieto sobre la industria petrolera o eléctrica, sobre el rol de la banca de desarrollo, el futuro del sector agropecuario y pesquero, o las pinceladas que se advertían sobre una reforma laboral o los cambios en materia educativa.
Tal parece que sus críticos de aquel momento no estaban equivocados. En los primeros días de actividad como presidente electo, Enrique Peña Nieto ha dejado ver que va por ese rumbo: Ya ofreció beneficios fiscales y más recursos presupuestales para discapacitados, mayor presupuesto a la ciencia y tecnología en 0.6 puntos porcentuales del PIB durante su gobierno, y se presume -según lo publicado por la prensa- que está analizando la creación de cinco o seis nuevas secretarías de Estado entre las que se han mencionado a la Secretaría de la Presidencia, de Pesca, Ciencia y Tecnología, de la Mujer y Telecomunicaciones. También se analiza una posible Secretaría de Recursos Hidráulicos.
De ser así, habrá que ver el impacto que tendrán estas nuevas dependencias en el ya elevado presupuesto que ejerce el gobierno federal, tanto por el gasto corriente que requerirían para su operación como por los nuevos programas que adoptarían para justificar su creación. Un ejemplo de cómo se elevaría el gasto público lo tenemos con la Comisión Nacional del Agua, Conagua, un organismo que prácticamente ha triplicado su presupuesto anual en los últimos años -se dijo que sería de forma extraordinaria- a fin de impulsar proyectos de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo al convertirla en Secretaría de Estado no sólo es probable que el gasto anual actual se convierta en permanente, sino que podría incrementarse por la mayor carga de gasto corriente y la adopción de nuevos programas que justifiquen su nuevo rango de Secretaría de Estado.
Otros casos como el de una nueva Secretaría de Pesca nos remiten al oscuro pasado del viejo PRI que -envuelto en la corrupción, el despilfarro y la opacidad- tuvo que cerrar Banpesca, el banco de desarrollo del sector; vender la comercializadora Ocean Garden en medio de un escándalo no aclarado lo suficiente, y cerrar la propia secretaría que encabezaba María de los Ángeles Moreno durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Ahora las presiones para revivir esta secretaría provienen de los mismos sectores político-empresariales del PRI que la crearon en 1982 con nefastos resultados.
El presidente electo se ha definido como un pragmático que busca resultados con eficacia en la ejecución. Sin embargo, el resultado preliminar de la reforma laboral ya deja ver a un político cercado por viejos intereses que, más allá de la ideología, buscan una mayor presencia del Estado en la economía para prolongar la generación de sus rentas.
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