Uno de los símbolos de los grandes proyectos fallidos de infraestructura en el país es, sin duda, el de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para el Valle de México.
Un proyecto que, si bien nadie duda de su necesidad técnica ni de la urgencia económica en su realización; su lanzamiento y construcción se enredó durante décadas en las telarañas políticas de la corrupción, del oportunismo y de la prepotencia de políticos y empresarios del Estado de México y del Distrito Federal, que vieron en el megaproyecto un gran negocio personal; haciéndolo naufragar una y otra vez.
En el último intento conocido para construirlo, anunciado el 22 de octubre de 2001, fue la incapacidad del gobierno de Vicente Fox la que hizo abandonar, otra vez, su construcción.
Ya en marzo pasado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, había adelantado que el gobierno federal trabajaba para anunciar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México, después de que dos meses antes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó escuetamente sus planes para desconcentrar el aeropuerto capitalino por la gran saturación de vuelos que ya registra. Incluso, en febrero los empresarios de la construcción ya esperaban el inminente anuncio que nunca llegó y que generó incertidumbre y molestia al interior del sector empresarial.
Pero todo parece indicar que, finalmente, hoy el presidente Enrique Peña Nieto hará el anuncio en Palacio Nacional al presentar su plan de infraestructura para el sector de comunicaciones y transportes hacia los próximos años; un plan que deberá llevar -no se concibe de otra manera- como estandarte precisamente la construcción de un nuevo aeropuerto en el Valle de México.
El proyecto estaba prácticamente listo desde hace varios meses para su anuncio. Se prevé que se realice en los terrenos adquiridos por Conagua -en la zona de Texcoco- y, de llevarse a cabo allí, formaría parte de un proyecto de rescate ecológico de gran envergadura para el nororiente de la Ciudad de México.
Su cercanía a la capital y al actual aeropuerto internacional, la disponibilidad de los terrenos, el rescate ecológico de una zona en riesgo para el Valle de México, y la factibilidad técnica para su realización, son factores que se habrían considerado para el proyecto, según sus impulsores.
De hecho los expertos involucrados ya mostraban desde inicios de año los estudios de impacto ambiental, de ingeniería civil, de aeronáutica, de hidráulica, de vialidades y de urbanización que se requieren para un proyecto de esta magnitud.
Originalmente se pensó en un complejo aeroportuario con cuatro pistas, con un costo estimado que va de los seis mil a ocho mil millones dólares y con un plazo de construcción de seis años; precisamente para ser inaugurado al final del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Pero más allá de las consideraciones técnicas, ambientales y económicas del proyecto, el gran asunto con el aeropuerto capitalino que atraerá las miradas de los medios y de los potenciales inversionistas, tiene que ver con la valoración y negociación del costo social -aquel que Fox desestimó o no valoró en su justa dimensión ante el reclamo de los pobladores de San Salvador Atenco y que le costó la reversión del decreto expropiatorio y la cancelación del proyecto- pero también con la transparencia en su realización; después de años de atraso por las complicidades político-empresariales, particularmente en el Estado de México.
Y es que la construcción de un nuevo aeropuerto en el Valle de México no es sólo una cereza en el pastel de los grandes proyectos de infraestructura que necesita la economía para atraer inversiones y cambiar el rostro de la competitividad. Es por su trascendencia y tamaño el proyecto de infraestructura más ambicioso de este gobierno.
