México ha fracasado en el combate a la pobreza. El más reciente estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, muestra que en el año 2010, 52 millones de mexicanos se encontraban en situación de pobreza, esto es 46.2% de la población.
Las políticas públicas para combatir la pobreza extrema tampoco han dado los resultados esperados. 11.7 millones de mexicanos se encontraban en esa condición en 2010, que representan 10.4% de la población total.
En noviembre pasado durante la presentación de su informe 2012, el presidente del Consejo, Gonzalo Hernández Licona, reconoció este fracaso. “No se ha logrado incrementar el ingreso real de las familias”, dijo en aquella ocasión y pidió más transparencia en el manejo de las transferencias federales a los programas de combate a la pobreza en los estados.
Se puede argumentar que las difíciles coyunturas por las que ha atravesado la economía mundial han impedido mejores resultados en las políticas públicas implementadas en los años anteriores para reducir la pobreza en el país. En parte tienen razón. Pero es evidente que las políticas del Estado implementadas en las últimas décadas no han sido lo eficaces que debieron ser para combatir la desigualdad y mejorar los indicadores de bienestar de la población más desfavorecida.
Ayer me llamó la atención un par de preguntas al respecto que se hicieron en un artículo publicado en el diario El Comercio de Lima y que aborda un problema similar al mexicano. Se cuestionaba el autor del artículo: “¿Puede el sector público contar con un socio en esta tarea? ¿Qué ha hecho el sector privado en este aspecto durante estos años?”.
El autor hace referencia a un estudio para el caso peruano de cómo han sido pocas las empresas de aquel país -especialmente del sector extractivo que son las más grandes de Perú- las que se han involucrado especialmente en programas de desarrollo de capacidades humanas en salud y educación, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las poblaciones en las que operan.
Pero al igual que en el caso peruano, las preguntas me parecen pertinentes para México. No conozco ningún estudio para nuestro país sobre un mapeo de proyectos privados de alivio y superación de la pobreza, como el que se alude en el citado artículo del periódico peruano; sin embargo, al igual que en el país andino, tengo la impresión de que estos proyectos son aislados, escasos, y poco o nada articulados con las políticas públicas que impulsa el gobierno federal y los gobiernos locales, lo que reduce su eficacia integral.
Proyectos educativos masivos como el que esta semana presentó la Fundación Carlos Slim en alianza con Khan Academy son bienvenidos, al igual que aquellas que han puesto en marcha otras organizaciones financiadas por el sector privado.
Sin embargo, su nivel de eficacia en el combate a la pobreza se reduce por la falta de información centralizada o de la definición de criterios conjuntos, entre el sector privado y público, para alcanzar los objetivos propuestos en el mediano y largo plazo -por ejemplo, de reducir la pobreza en las regiones más apartadas y necesitadas, que los proyectos de desarrollo de capacidades se apliquen entre la población de mayor permanencia, y tengan la flexibilidad que requieren esas poblaciones.
El gobierno puede y debe contar con el sector privado como socio en esta tarea, y para ello se requiere articular una política con objetivos compartidos.
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