Poco a poco se acercan las posiciones para la reforma político electoral. No será como la quieren Gustavo Madero y Jesús Zambrano, pero tampoco como la desearían el gobierno y el PRI. Los nudos de las negociaciones están muy ubicados: Los tres partidos ven posible la creación del Instituto Nacional de Elecciones y así lo reflejaron en los propósitos del Pacto por México, pero se han topado con muchos interesados en preservar la multiplicidad de órganos dedicados a preparar, organizar y calificar las votaciones.
Durante años se tejió una densa madeja de comisiones, consejos, institutos y tribunales en los cuales trabajan decenas de miles de personas -los cálculos menores hablan de 25 mil y otros acercan esa burocracia a los 30 mil- y de cuyo beneficio participan prácticamente todas las fuerzas políticas.
El esquema es simple: sus integrantes son designados por los poderes legislativos -el Congreso de la Unión en los casos del IFE y del TEPJF, y en los estatales en los órganos locales-, donde despachan camarillas de los partidos políticos o grupos parlamentarios representantes del gobernador. Así, al final los consejeros y los magistrados deben el favor a los partidos y pierden independencia. Tal realidad pretende ser atacada por el PAN y el PRD mediante la supresión de los cuerpos estatales y municipales y centralizarlo en dos de tipo federal, el IFE y el TEPJF.
Madero y Zambrano, quienes portan esta bandera, agregan el factor económico para reforzar su exigencia. Sienten ventaja porque han logrado involucrar a la administración del presidente Enrique Peña Nieto y al comité priista encabezado por César Camacho Quiroz.
MÁS DE 20 MIL MILLONES Y 30 MIL BURÓCRATAS
Se han hecho muchos estudios sobre los costos de las elecciones mexicanas. Dos estudiosos con amplio conocimiento en el tema, Emilio Álvarez Icaza y Luis Carlos Ugalde, se han adentrado en distintos momentos y con enfoques diferentes para acercar el cálculo.
Alarman: sólo a comisiones, consejos e institutos se dedican más de 20 mil millones de pesos en año no electoral. Ese monto se incrementa exponencialmente si hay comicios.
No es todo: a esos números de escándalo se agregan las partidas destinadas a los tribunales federal y estatales, con costo y burocracia ligeramente menor pero con personal muy bien pagado porque se le supone especializado en leyes y reglamentos.
Históricamente, el IFE sustenta sus elevados presupuestos en las prerrogativas a los partidos, cada vez más elevadas y cada vez a más organizaciones aunque sean de mínimo arraigo popular y escasa representación parlamentaria.
GOBIERNO Y PRI CUESTIONAN LA REELECCIÓN
Luis Carlos Ugalde tiene otra interpretación: Aunque elevados, el presupuesto oficial y las prerrogativas son sólo una parte del costo electoral. A ese dinero se suman recursos de cuestionamiento ilegal: financiamiento privado a cambio de contratos, desvíos gubernamentales, aportaciones dudosas para el clientelismo político.
Seguramente estas críticas no incidirán en las negociaciones porque el objetivo de panistas y perredistas es aumentar los controles sobre el gobierno federal y el del priismo frenar disposiciones de dudosa eficacia: la segunda vuelta y la reelección.
Puede darse un dato: el presidente Enrique Peña Nieto ha sido abierto opositor a la reelección desde sus tiempos de diputado local.
REGRESO DE QUADRI Y HONORES A BELISARIO
1.- Ha regresado Gabriel Quadri. El ex candidato presidencial del Panal, al que llama “nuevo partido liberal”, grabó promocionales para impulsar las reformas energética y hacendaria.
2.- El lunes se cumplirá el centenario del sacrificio de Belisario Domínguez. El Senado de la República y el gobierno de Chiapas preparan un acto en Comitán con la asistencia de Manuel Velasco y Emilio Gamboa.
Mientras tanto, el PAN maniobra -inútilmente, se acota aquí- para dar la presea con el nombre del mártir a Alonso Lujambio.
