El título de esta columna no es trabalenguas ni lapsus.
A la información:
Muchos gobernadores han elevado su grito al cielo.
No importa si están en funciones o triunfantes en las elecciones de junio pasado, se preparan para asumir el cargo.
Todos ellos, unos mucho y otros mucho más, tienen problemas de seguridad y necesitan ampararse en las instituciones federales para idear estrategias de combate al crimen común y al llamado organizado.
Con ese fin acuden a muchas instancias.
Con el presidente Enrique Peña Nieto sí tienen la cercanía, y les franquea la puerta de Los Pinos el secretario particular, Edwin Lino.
Son los menos.
Los más recorren las oficinas de los titulares de Gobernación, Defensa y Marina, respectivamente Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos y Francisco Soberón.
A otros les queda como único recurso el director del Cisen, Eugenio Imaz, con el fin de recibir una lista de prospectos para sus áreas de seguridad: fiscales, procuradores, secretarios de Seguridad Pública…
PREOCUPANTE INFILTRACIÓN DEL CRIMEN
Hasta ahí todo parece normal.
Lo preocupante es el fruto de esos encuentros.
La recomendación depende de la ubicación de sus estados.
Si son entidades con costa, se les recomienda un militar.
O un marino, si están en el altiplano.
¿Por qué?
La respuesta:
-Porque la información de inteligencia indica que los marinos, responsables del cuidado de mares y océanos, tienen más contacto e intereses en regiones de litoral.
Prosigue la información:
-En los estados del interior resulta a la inversa: los militares son los más susceptibles de crear intereses y perder independencia para combatir cárteles y bandas criminales, y por ende confianza.
Con esta información resultará un ejercicio interesante observar a quién designa cada nuevo gobernador como jefe máximo de sus policías y si atendió el consejo de quienes tienen un panorama muy completo de la infiltración de las instituciones nacionales.
Pero qué panorama tan preocupante.
UN AMIGO QUE TRAICIONÓ AL PRESIDENTE
El presidente Enrique Peña Nieto debe estar muy triste.
Cuando andaba en campaña, en diálogo con su amigo diputado Jorge Humberto López Portillo Basave en Jalisco, le pidió investigar el manejo de Exportadora de Sal (ESSA), la empresa mexicano-japonesa de posibilidades infinitas.
Reportó: ESSA había estado en manos de una misma persona durante muchos años; al amparo de ella se hacían muchos negocios particulares y las fugas sumaban millones y millones de pesos.
-Yo la voy a convertir en la empresa de mayor rendimiento del Estado –me dijo entonces López Portillo Basave.
Al poco tiempo, el Presidente recibió malos reportes de su amigo y, al ver las pruebas, ordenó correrlo e investigarlo.
El tiempo confirmó el acierto y la Función Pública documentó un sinfín de contratos firmados indebidamente en 2013 y 2014.
Ayer, ESSA reportó la detención de Jorge Humberto López Portillo Basave, y remató:
“Tendrá que responder por los temas pendientes de solventar en las diferentes auditorías”.
