Guatemala se somete a una de las pruebas torales que sirven para medir la salud de la democracia: la autonomía de los poderes. Los 80 años de prisión que cercan a Efraín Ríos Montt, acusado por los delitos de genocidio, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, podrían convertirse en una falsa alarma en caso que se articule desde la Corte Constitucional una estrategia que obligue a liberar al que fuera presidente de Guatemala entre los años 1982 y 1983, y a quien la jueza Yassmin Barrios le imputó responsabilidad en la muerte de al menos mil 771 indígenas mayas pertenecientes a la etnia ixil.
Los poderes fácticos apelan al proceso de paz firmados en México en el año 1996 para señalar que la desmemoria consensada es mejor que la aplicación no discrecional de la ley. Los costos sociales podrían resultar mucho más malignos que el proceso jurídico de un individuo. Así lo llegaron a pensar muchos actores políticos en Argentina para evaporar responsabilidades de sometimiento ideológico bajo el entorno de Videla hacia el final de la década de los 70. Décadas después ese famoso “borrón y cuenta nueva” se diluyó ante la evolución democrática.
En España pasa algo similar. El Partido Popular (PP) logró una negociación con los socialistas (PSOE) para evitar la rebobinación jurídica de la historia en tiempos de Francisco Franco. En ambos casos (Argentina y España) se proyectó hacia el futuro de sus respectivas democracias la idea de que es preferible dejar en manos del Poder Judicial el análisis político de los hechos debido a que representan quizá, la prueba del ácido para la democracia.
El país que logra cicatrizar sus heridas históricas lo hace bajo la estricta separación de poderes. Guatemala está madurando. De sortear las presiones de los sectores duros de su sociedad, logrará reforzar su debilitada democracia.
El Congreso guatemalteco ha permanecido en silencio a partir de la decisión que tomó la jueza Yassmin Barrios. Políticamente es implacable su decisión; mediáticamente no gustó. Alejandro Balsells manifestó en el periódico Prensa Libre su decepción porque “es triste que en una encrucijada tan delicada el Congreso brille por su ausencia”.
Permanecer en posición de silencio también es el mejor estadio para el presidente Otto Pérez Molina. Cuando los dos poderes manifiestan a través del silencio su distanciamiento con el Poder Judicial la sociedad siente un llamado para expresar su posicionamiento frente a la sorpresiva determinación de la jueza Barrios.
Hasta el momento, y por fortuna para la incipiente democracia guatemalteca, las presiones en contra de la Corte Constitucional (como en su momento las recibió -y continúa recibiendo- Yassmin Barrios) provienen de aglomerados empresariales, por ejemplo, del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. De igual manera, un sector de las Fuerzas Armadas ha manifestado su rechazo en contra de llevar a las rejas a Ríos Montt. El escenario que hoy vive Guatemala es de extrema tensión. Si el presidente y los congresistas deciden ingresar al “campo de batalla” de las percepciones, agravarán el escenario.
España apostó a los relevos generacionales para evitar la etapa judicial del franquismo. El éxito de la derecha de Alianza Popular (hoy PP) fue el haber cooptado a todo el espectro derechista en un solo partido: contuvo a los que por su sangre corre un ADN franquista. Argentina logró recular la mirada del Ejecutivo sobre el tema de la represión en épocas de la dictadura. Ahora, Guatemala es observado por el mundo entero, pero sobre todo, es admirado por su sana determinación de apostar por la división de poderes.
Que así sea. Guatemala se gradúa.
