Por Alberto González

 

Un grupo de funcionarios del círculo cercano al Presidente han comenzado a explorar la ruta de una posible salida del fiscal General de la República; no está claro si el mismo López Obrador pidió ese análisis, pero sí tiene como destino final su escritorio, al cual tienen acceso.

Y es que, aunque las grabaciones de la conversación del fiscal General de la República son ilegales, muestran una conducta de privilegio ante el Poder Judicial e inequidad de la justicia, que puede dañar la narrativa de un Gobierno en donde la impartición de la justicia es igual para todos.

El camino más rápido para una destitución es hasta hora muy poco probable, si el respaldo presidencial sigue como hace un par de semanas, cuando dijo que le tiene confianza y lo considera incapaz de fabricar delitos, porque debería ser el mismo AMLO quien pidiera la remoción según lo dispuesto en el Capítulo VI de la Ley de la Fiscalía General de la República:

“La persona titular del Ejecutivo Federal deberá acreditar ante el Senado de la República la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General, e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles”.

Hay un dato curioso. En caso de que se lograra una destitución, quien quedaría en su lugar sería, precisamente, el fiscal con el que hablaba mientras fue grabado: Juan Ramos López.

Se frotan las manos.

La otra posibilidad para remover a Alejandro Gertz es la que se alista en el Congreso de la Unión; pues en la Secretaría General de la Cámara de Diputados está radicada la solicitud de Juicio Político promovida por los hijos de Alejandra Cuevas Morán, sobrina política de Federico Gertz, hermano del fiscal.

El camino para determinar el juicio de procedencia se antoja largo, pues en la Cámara baja no se ha conformado la Subcomisión de Examen Previo, ente que deberá integrarse por cinco legisladores encargados de sustanciar el procedimiento de juicio político; ni tampoco se ha instalado la Sección Instructora, el organismo que debe llevar a cabo las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad de algún servidor público incluido.

No hay plazos determinados para la conformación e instalación de ambos organismos legislativos, por lo que tendría que ser a voluntad de los diputados integrarlos para sesionar.

La otra opción podría ser por instrucción de la Suprema Corte, el otro órgano implicado en los audios del fiscal.

Diputados como Jorge Triana, María Elena Pérez Jaén y Mariana Gómez del Campo urgieron al presidente de San Lázaro, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, conformar la Sección Instructora y la Subcomisión de Examen Previo para procesar la solicitud de juicio político. En tanto, senadores como Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez y Emilio Álvarez Icaza pidieron su renuncia, su comparecencia e, incluso, la sonorense aseguró que promovería el juicio de procedencia; eso, en su calidad de ciudadana.

 

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Autónomo

La entrevista que Juan Ramón de la Fuente dio a un periodista al que el Presidente critica frecuentemente habla de una independencia que no tiene nadie en el gabinete.

 

@chimalhuacano