Alberto González

 

Terminado el periodo vacacional y los tres días que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para retomar el tema ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy pronto conoceremos la trama del caso de la devolución de más de mil millones de pesos a la familia Azcárraga, que tanto molestó al Presidente.

A partir de este lunes, la Segunda Sección del TFJA tendrá la tarea de evaluar y ejecutar la orden para que el SAT reintegre el ISR indebido que se cobró durante el sexenio de Felipe Calderón, el cual, con recargos y actualizaciones de ley, suma los mil millones de pesos.

El tema es el resultado de un litigio de 14 años en el que ni la administración calderonista ni la de Enrique Peña Nieto hicieron lo conducente para argumentar una sólida negativa de devolución del SAT, y dejaron que los magistrados del TFJA, y sus órganos antecesores, defendieran sus intereses de una forma que la Suprema Corte de Justicia consideró como una actuación parcial.

Apenas el año pasado, los ministros de la Segunda Sala resolvieron que debe proceder la millonaria devolución, y acompañaron su sentencia con una severa reprimenda a los magistrados, quienes por cierto serán los mismos que resolverán esta semana las formas en las que el SAT, encabezado por Raquel Buenrostro, debe cumplir con la sentencia.

Durante el proceso de evaluación de este asunto en la Suprema Corte, por allá del pasado mes de abril, se vio muy activo al ya depuesto Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, quien sin éxito buscó presionar a los ministros para que emitieran un fallo en contra de la devolución; pero, tras la salida del cuestionado funcionario, la estafeta la ha tomado la propia Buenrostro, quien pretende reducir los costos de los errores también cometidos por su propia administración.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso esta columna, Buenrostro ha enviado mensajes, tanto al magistrado Anzures como a la presidenta de la Segunda Sección del Tribunal, Magda Zulema Mosri, para que en la orden de devolución a ejecutar se omita el rubro de actualizaciones e intereses, contemplado éste en los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación; con esto, nos aseguran, el monto a devolver se reduciría a los 338 millones que se cobraron indebidamente como ISR en 2007, luego de la venta de las acciones de la empresa Acotel S.A. de C.V.

El problema es que ese criterio, además de violar el Código Fiscal, entraría en contradicción con las jurisprudencias que ha establecido el propio TFJA y, por lo tanto, con la pauta que siguen todas las resoluciones del mismo órgano.

 

#LoboSapiensSapiens

Si no es parejo es chipotudo

Habrá que tomar en cuenta además que nos encontramos ante un Gobierno que ha hecho de las actualizaciones e intereses en los montos gravables su mejor arma para cobrar recursos multimillonarios a los empresarios; por lo que, en un principio de reciprocidad, en este caso deberá ajustarse a los mismos términos. El proyecto de resolución está en manos del magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, quien seguramente estará presentándolo en las siguientes horas.

 

@chimalhuacano