Mientras un grupo de científicos acuden de uno en uno a la Fiscalía General de la República para conocer la denuncia en su contra por lavado de dinero, la ASF detectó que la extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología, con alrededor de 2 mil millones de pesos, no se ha realizado conforme al decreto presidencial del 6 de noviembre de 2020.

Lo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que el Conacyt llevará a cabo las acciones necesarias para que sus fideicomisos, constituidos al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología, concentren la totalidad de sus recursos en la Tesorería de la Federación, a más tardar el 30 de junio de 2021, pero según revisiones previas realizadas por la ASF (aún no corresponde la revisión a fondo del ejercicio 2021), al cumplirse la fecha establecida el organismo que dirige Álvarez-Buylla apenas había transferido desde sus fideicomisos recursos por un total de 964 millones de pesos.
De acuerdo con la Auditoría 407-DE, el Conacyt debió extinguir y reintegrar a la Tesorería los recursos del Foins, del Fordecyt-Pronaces, Foncicyt, el Cibiogem, y del Fidetec.

La revisión correspondió al ejercicio 2020; por lo que se reportó con precisión que, al 31 de diciembre de ese año, había un saldo de disponibilidades en los fondos institucionales por 2 mil 65 millones de pesos; pero también se observó que fuera de tiempo, y pasando por alto las indicaciones presidenciales, el Conacyt de Álvarez-Buylla comprometió del Fordecyt-Pronaces unos 186 millones de pesos.
Adicionalmente, la ASF reportó que el Conacyt, en principio, declaró como reservados mil 935 millones de pesos de sus fideicomisos, porque se consideraron como pasivos de compromisos con proyectos o porque son deudas para gastos de administración y operación. No obstante, la Auditoría 407-DE establece que no se entregó el soporte documental de esas reservas de recursos por 852 millones de pesos, además de que en el capital destinado a gastos de operación se observó un saldo negativo de 31 millones de pesos.

Por todo lo anterior, y con la limitante que le representó ajustarse únicamente al ejercicio de 2020, la ASF emitió siete recomendaciones enfocadas al proceso de extinción de los fideicomisos y, además, una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. La sanción, por irregularidades que podrían alcanzar los mil millones de pesos, difiere todavía mucho de la que pidió la FGR para los científicos que presuntamente desviaron 244 millones: reclusión en el penal de máxima seguridad de Almoloya.

#LoboSapiens
Caso en EU toca a México
A través de su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó ayer lo que informamos el lunes pasado en esta columna sobre el caso de las despensas CLAP y la comercialización de la compraventa de petróleo venezolano: que se presentaron cinco denuncias ante la FGR.
Y reveló otros datos: en esas denuncias hay 25 sujetos involucrados; se han bloqueado 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares. Y sobre el acuerdo en la venta de despensas a sobreprecios para Venezuela durante la administración de Enrique Peña Nieto, también se presentaron denuncias ante Asuntos Internos porque se alcanzaron acuerdos reparatorios presuntamente ilegales.

 

@chimalhuacano