La información obtenida por la FGR sobre un presunto fraude al Programa de Precios de Garantía de Segalmex, como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2020, está a punto de reventar.

El tema es muy sensible, no sólo por tratarse de un área estratégica de la actual administración –el programa en sí tiene una bolsa disponible de 10 mil millones de pesos anuales–, sino también por tratarse de Seguridad Alimentaria Mexicana, el organismo dirigido por Ignacio Ovalle, quien fuera uno de los primeros jefes del Presidente en el sector público.

Hasta ahora, según fuentes cercanas al caso, la fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero logró la integración de una carpeta relacionada con las compras emergentes de unas 7 mil toneladas de maíz a grandes empresas del norte del país que obligaron a desembolsar alrededor de 29 millones de pesos de los recursos del organismo de seguridad alimentaria; esto a pesar de que en los alrededor de 600 almacenes de los que dispone en el territorio nacional se contaba con inventario suficiente- unas 450 mil toneladas- de lo recolectado a los pequeños y medianos productores.

A detalle, los centros de acopio están saturados desde las dos temporadas pasadas, pues los granos no se han distribuido en su totalidad en los más de 26 mil puntos de venta de Diconsa, aunque está próxima a iniciar ya la cosecha 2022.

Las indagatorias sobre el área aún encabezada por Miguel Carrillo incluirían también al gerente de Precios de Garantía, Armando Joffre Poceros, y a Carlos de León Reséndiz, responsable de la operación del programa, señalados por los productores de requerirles efectivo y de pagar cantidades menores por los granos recolectados y pesados en básculas mal calibradas.

La cobertura del Programa Precios de Garantía está focalizada hacia unos 2 millones de productores, tanto de grano como de leche, inscritos en los padrones de PROAGRO y del inconcluso Censo del Bienestar.

Las otras investigaciones contra los encargados de los subsidios en Segalmex están precisamente enfocadas en los convenios de coproducción de leche, un tema para el que tanto la Auditoría Superior de la Federación como el Ministerio Público llamaron ya a declarar a los industriales lecheros e iniciaron las auditorías en sus instalaciones.

Hasta ahora, se tiene conocimiento de que todos los funcionarios señalados por presuntamente haber participado en actividades observadas por la ASF han dejado de laborar en Seguridad Alimentaria Mexicana, con excepción de Miguel Carrillo, designado desde el inicio de la autollamada Cuarta Transformación por Ignacio Ovalle Fernández.

Otro tema que se asoma es el de la presunta solicitud de depósitos en efectivo para entregar a los productores recipientes y costales para la recolección de los granos incluidos en el plan de subsidios, tales como maíz, trigo, frijol y arroz; en este caso se estima que se amasó una fortuna de unos 300 millones de pesos.

 

#LoboSapiensSapiens

Participación

Si el gasto ya está hecho, hay que participar en el ejercicio de revocación de mandato.

 

    @chimalhuacano