Con la desaparición de la Comisión Especial del Senado para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz, no solo se congela, o en el mejor de los casos se retrasa, la revisión del caso de José Manuel del Río Virgen; sino también el de la excomisionada del Instituto de Transparencia en ese estado, Yolli García Álvarez, presa de forma irregular desde marzo del 2020.

Durante el fin de semana el asunto del colaborador cercano al legislador Ricardo Monreal se quedó congelado; en el caso de la expresidenta del IVAI, su estado de salud se complicó por un problema cardiaco.

Y es que detrás de la sonrisa del gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, se trata de ocultar un estado con abusos de poder sistemáticos.

García Álvarez fue recluida en el penal Pacho Viejo desde el 26 de marzo de 2020, por realizar el nombramiento de un funcionario que no habría cumplido los requisitos de ley; una falta que ocasionaría una sanción administrativa y, en el caso más extremo, una inhabilitación para ocupar algún cargo público futuro. No obstante, actualmente se encuentra en prisión preventiva oficiosa.

Las complicaciones de salud de la exfuncionaria se habían denunciado al menos desde agosto pasado; cuando su familia acusó que durante su reclusión “no le han permitido recibir atención médica adecuada cuando la ha necesitado”.

Información confirmada a esta columna apunta que, por su mal estado de salud, García Álvarez tuvo que ser trasladada al Hospital Regional Luís F. Nachón, en Xalapa, nosocomio desde el cual se notificó a sus allegados que requería una operación a corazón abierto; no obstante, tras ese diagnóstico fue regresada a su celda unos días después con tratamiento médico.

Apenas el 21 de enero, la familia de la excomisionada del Instituto de Transparencia solicitó un nuevo traslado al hospital civil, donde un médico sugirió una intervención quirúrgica por una calcificación ventricular.

El asunto de Yolli García se encuentra ya en la Suprema Corte de Justicia, que preside Arturo Zaldívar, y fue también turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra, instancias a las que se ha solicitado intervenir por las sistemáticas violaciones al debido proceso que se sigue en su contra.

El llamado de la familia de la exfuncionaria fue secundado desde junio pasado por un grupo de más de cincuenta integrantes de los sistemas de transparencia de todo el país, quienes llamaron al Poder Judicial “a que se revise su condición jurídica, esperando además que dicho proceso se pueda desahogar en apego a los principios de justicia pronta y expedita”.

Anticipan que los familiares de Yolli García pedirán ayuda al líder de la bancada morenista, quien anticipó un seguimiento a los casos de los presuntos presos políticos que hay en el estado de Veracruz, pues no es secreto que la mala relación que tiene Ricardo Monreal con el gobernador Cuitláhuac García era también compartida por la actualmente presa excomisionada de Transparencia.

 

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@chimalhuacano