Han pasado casi cuatro meses y medio desde que asumió el gobierno Enrique Peña Nieto y aún sigue pendiente la presentación detallada del Plan Nacional de Infraestructura para éste y los próximos cinco años.
La razón que se esgrime desde los círculos oficiales es que aún se encuentra en “consulta ciudadana” el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y, “sin el PND, lo demás tiene que esperar” fue la respuesta que recibí hace algunos días cuando pregunté por el plan de infraestructura.
Se trata de cumplir con las formas de una añeja política que respondía a una visión centralista de la planificación económica barnizada con “consultas” ciudadanas para mostrarla como democrática y participativa. En el fondo es una simulación.
Si Peña Nieto quiere mostrarse como el presidente reformista que pretende ser, el ritual del Plan Nacional de Desarrollo es un pendiente a extirpar.
La realidad es que los planes ya están en marcha, incluyendo el Plan Nacional de Infraestructura para el sexenio. Basta echar una ojeada a los discursos y declaraciones recientes de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, para darse cuenta que los grandes proyectos en materia portuaria, carretera, de vías férreas, de aeropuertos y telecomunicaciones ya tienen nombre y apellido y que su ejecución ha comenzado. Lo mismo podría decirse de los grandes proyectos energéticos, de los servicios eléctricos, de agua potable y de distribución de gas, como se anunciaron ayer desde Japón.
Y es que los planes, proyectos y presupuestos desembolsados para la infraestructura no pueden esperar. El deseable incremento de la productividad de la economía -que es el cimiento de la competitividad- depende, en buena medida, de que muchos de estos proyectos se cristalicen.
En el más reciente Reporte sobre las economías regionales, que publica el Banco de México -correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2012-, se presenta un análisis en el que se muestra cómo la dotación de infraestructura de cada estado y región del país influye decisivamente en la productividad del trabajo en la industria manufacturera de esa zona geográfica, incluso por encima de las inversiones de capital que realizan las empresas.
Los resultados del estudio muestran las graves diferencias regionales en productividad del trabajo que existen en México, no por razones culturales, de raza, climáticas o históricas, como muchas veces se explica, sino por las marcadas diferencias en la dotación de infraestructura que poseen cada una de ellas.
La región sur del país -que es la más desposeída en infraestructura de comunicaciones y transportes, urbana, social y financiera- tiene una productividad media del trabajo manufacturero 33.4% menor que el promedio nacional.
Estas graves diferencias en materia de productividad laboral que significan rezagos económicos para la población y ausencia de competitividad interregional e internacional, pueden ser aminoradas parcialmente con una política de dotación de infraestructura regional efectiva.
Por eso urge poner manos a la obra.
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