Ayer fue un día de intenso trabajo político y de cabildeo para la comunidad científica mexicana. Los componentes de la llamada Triple Hélice: académicos, empresarios y gobernantes, salieron por unas horas de sus habituales centros de trabajo (laboratorios, aulas, empresas, cámaras, oficinas, etcétera) para ponerse de acuerdo en las propuestas que desde la ciencia, la tecnología y la innovación se están planteando para hacer frente a los grandes problemas nacionales.
Uno de esos escenarios fue el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), adonde la doctora Gabriela Dutrénit, Coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCCyT), acudió para firmar conjuntamente con el Director General del IMPI, el Doctor Rodrigo Roque Díaz, un convenio de un convenio de colaboración para el intercambio de información estadística.
El asunto es sumamente importante, pues, cuando un investigador, un científico o una tecnóloga crean, diseñan, descubren o inventan productos, bienes, servicios, procesos o sistemas y hasta teorías, surgen diversas preguntas: ¿a dónde va a parar ese conocimiento que permite la innovación, tanto en su aspecto novedoso como en la mejora de una o todas sus partes?, ¿es justo que los autores de ese proceso innovador reciban la mejor de las retribuciones por su trabajo intelectual?
Con estas interrogantes en mente y a la luz de una incesante participación de los sectores de la academia, el empresariado y la sociedad en su conjunto, que día a día van apropiándose y reconociendo el valor que el conocimiento científico les puede brindar, ambas instituciones signaron el convenio.
Ya por la tarde, la comunidad científica entregó a los miembros de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados el documento Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación, con lo cual se complementa la invitación del sector científico y tecnológico para que los tomadores de decisión y encargados del diseño de políticas públicas, acuerdos y consensos cuenten con información pertinente para avanzar en la construcción de una sociedad y de una economía del conocimiento.
Estas acciones, desarrolladas en el marco de la transición sexenal para un nuevo gobierno, resultan de suma importancia para la vida nacional, pues permitirá a la sociedad mexicana establecer las bases para que tanto las entidades académicas, como las empresariales dispongan, del lado del convenio IMPI-FCCyT, de un intercambio eficiente de las estadísticas de propiedad industrial, el cual anteponga el enfoque científico, tecnológico y de innovación que tanto necesita el país para su desarrollo económico y social.
Mientras que, del lado de la Agenda Nacional de CTI, los Poderes de la Unión disponen de las mejores propuestas consensadas en el ámbito académico y empresarial para la mejor toma de decisiones de carácter político y normativo, las cuales les permita transitar del discurso a los hechos en materia de mejores apoyos y financiamiento para la generación de conocimiento, así como sentar las bases del diseño de marcos normativos que impulsen la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.
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