Ayer se divulgó la agenda de reformas legales que seguirá el Consejo Rector del Pacto por México para este año. La lista luce enorme a contrapelo de la productividad histórica de nuestro Congreso, pero crece aún más, dada la enorme importancia y trascendencia que tienen una buena cantidad de estos asuntos listados en la agenda del Pacto por México. Allí radican los riesgos que corren, pero también las oportunidades, para los políticos que se han impuesto esta tarea.
Uno de los asuntos de gran trascendencia que fueron calendarizados para resolverse en este año 2013 es el de la aprobación de nuevas reformas a las leyes de competencia económica. El calendario publicado por el Pacto por México para el primer semestre del año dice escuetamente respecto de la reforma: “Fortalecer la Comisión Federal de Competencia (CFC)” a través de propuestas de reformas legales que se presentarán al Congreso en este primer semestre, para ser implementadas durante el segundo semestre de 2013.
Es decir, en teoría se pretende concretar en ley, este mismo año, el compromiso 37 del Pacto por México que firmaron los partidos políticos y el gobierno federal y que a la letra dice: “Se dotará a la CFC de mayores herramientas legales mediante las reformas necesarias para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía, particularmente se le otorgará la facultad para la partición de monopolios. Se precisarán en la ley los tipos penales violatorios en materia de competencia y se garantizarán los medios para hacerlos efectivos, así mismo se acotarán los procedimientos para dar eficacia a la ley”.
La declaración política de lo que se pretende lograr en materia de competencia económica es impecable. Sin embargo, los ciudadanos, sus organizaciones civiles y la prensa independiente, deberán estar atentos a que el espíritu y la letra de esta declaración, se traduzca con precisión -sin ambigüedades y espacios para la confusión u omisión- en la redacción de la ley que apruebe finalmente el Congreso.
No está demás insistir que, en el caso de la discusión sobre la competencia económica, somos los ciudadanos y/o consumidores los sujetos y receptores principales de las consecuencias de esta ley, por lo que el cumplimiento de lo acordado por los representantes políticos debe ser motivo de especial atención.
Nada afecta más a la economía del ciudadano común que la prevalencia de empresas -privadas y públicas- dominantes y monopólicas en los mercados. De allí que la generación de los empleos futuros, el poder adquisitivo de los bolsillos, la capacidad de las familias para generar bienestar y el poder de los jóvenes para construir su prosperidad en base a sus propios méritos, está directamente relacionada con políticas públicas e instituciones sólidas que garanticen el buen funcionamiento de las reglas de la competencia económica, sin ser entorpecidas por intereses particulares. De eso se trata.
Colocar los reflectores sobre la discusión: indagar, preguntar, informar, detallar; será fundamental para que el compromiso 37 del Pacto por México se convierta en ley, sin letras chiquitas, ni convenientes lagunas o confusiones. La trascendencia de las reformas a la CFC y a las reglas de la competencia económica va más allá de la economía o de los mercados; es un asunto de derechos de los ciudadanos.
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