El lanzamiento que ha hecho el gobierno federal de la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre ha despertado las mismas suspicacias de siempre y una fuerte dosis de polémica entre políticos e intelectuales de todos los colores ideológicos y partidistas.
Se ha cuestionado de todo: Si el gobierno mexicano ha hecho bien en utilizar el término “hambre” en su primera campaña pública de política social, dado que el término “hambre” tendría -dicen estos críticos- una connotación exagerada sobre la verdadera situación de pobreza en la que viven millones de mexicanos, a dos décadas de haberse implementado millonarios programas contra la pobreza como Solidaridad, Progresa y Oportunidades y que, por lo menos, debieron haber resuelto la llamada pobreza alimentaria.
¿Acaso hay mexicanos que se mueren de hambre? Es la pregunta que se hacen algunos críticos con cierta sorpresa.
Pero los cuestionamientos también se dirigen hacia la selección de los 400 municipios en los que aplicarán los programas de esta Cruzada y que algunos suspicaces encuentran razones político-electorales en la decisión; e incluso la crítica abarca la integración del equipo de políticos involucrados directamente en la planeación y ejecución de la Cruzada por parte del nuevo gobierno.
En suma, el debate reciente se ha concentrado en el diseño y estructura de la política pública en sí misma, y no en la situación real que viven los pobres del país, que es el objeto de esta política. Pero esa distracción no es casual. Ha sido la forma tradicional del ejercicio del debate político desde el balcón de los medios de comunicación desde hace ya mucho tiempo atrás.
La pobreza y la pobreza extrema en México son inocultables no sólo por las cifras que arrojan los encuestadores del INEGI o del Coneval, sino también porque cualquier recorrido por los pueblos en las sierras o por la periferia de las ciudades son suficientes para darse cuenta de las carencias y de la miseria en la que viven miles de familias del país. Allí las frías cifras encuentran su sentido.
La persistencia en las tasas de población en estado de pobreza extrema que reporta Coneval es una muestra del fracaso de las políticas sociales asistencialistas implementadas en las últimas décadas, que no lograron dotar a esta población ni de herramientas ni de oportunidades suficientes para hacer de su propia fuerza laboral su medio de subsistencia y de progreso.
El fracaso repetido del sector público no admite ya nuevos experimentos que implican dinero público y, peor aún, oportunidades perdidas para más de 11 millones de mexicanos en pobreza extrema y más de 50 millones en pobreza.
Por eso se requiere una profunda reforma a la seguridad social para extender sus beneficios de salud y protección a toda la población, una transformación y fortalecimiento de la banca de desarrollo para financiar -no subsidiar- proyectos productivos de todo tamaño que privilegien la inclusión de estas poblaciones, y una reforma hacendaria con vocación distributiva. Allí están los gérmenes de una verdadera política social.
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