A las 21:32 horas lo declararon muerto. Diez y siete minutos antes le habían aplicado una dosis de Pentobarbital -Nembutal-, la que provoca un paro respiratorio en la persona y le causa la muerte en unos cuantos minutos: la eternidad.
Así, en Texas, EU, se cumplió la condena a muerte del hombre que nació en Miacatlán, Morelos, México. Tenía 46 años. Tenía dos hijos. Estuvo en el pasillo de la muerte por casi 20 años. Se le acusó de que el 31 de enero de 1994 mató al policía texano Guy P. Gaddis. Era el 22 de enero de 2014, y se llamó Édgar Tamayo Arias.
¿Inocente o culpable? Ya nadie puede garantizarlo. Simple y sencillamente porque la investigación y el proceso jurídico estuvieron viciados desde el principio, desde hace casi 20 años: los mismos que tuvo el gobierno mexicano para hacer valer derechos consulares; hubo casi 20 años para saber si era inocente o culpable: hoy ya no importa. Sí importa. Por sus hijos.
Y no es solamente por la condena y ejecución de Tamayo. También por las formas, que cuentan mucho en todo esto.
Se repite la historia del principio; la que escribió la especialista en las relaciones México-Estados Unidos, Josefina Z. Vázquez: “Mientras los mexicanos vemos con rencor a los estadunidenses, ellos nos miran con desprecio”. Sí. “Vecinos distantes”, que dijera Alan Riding; el mismo que escrituró: “(A los mexicanos) el pasado les murmura rencores y aun venganzas´´. No así.
Nelson Zoch, el agente estadunidense que dirigió la investigación dijo que el caso fue atendido con minuciosidad y que “se le dieron todas las garantías disponibles para los ciudadanos estadunidenses”. Édgar Tamayo no era estadunidense y tenía derechos como extranjero. No se cumplieron.
No se cumplió la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de apoyo a los detenidos fuera de su país, garantizado en su artículo 36.
Ni lo expresado en 2004 por la Corte Internacional de Justicia, la misma que amparó a Tamayo y pide que los tribunales de EU revisen los procesos y las sentencias de mexicanos para determinar si la asistencia consular hubiera llevado a un fallo diferente. Cincuenta y un mexicanos están en el Caso Avena.
EU se adhirió al documento de Viena; pero la argucia está en que su Congreso no ha federalizado el compromiso, por tanto no puede exigirle a los estados que lo cumplan. No lo harán.
El 20 de enero Tamayo lo dijo así: “¡No quiero que meta mano el mentado Consulado (en Austin, Texas); la verdad es que esta gente me decepciona. La Secretaría de Relaciones Exteriores no hace nada y tampoco los de Derechos Humanos: nunca hicieron nada!”
¿Qué lleva a que un hombre que está a punto de morir diga esto? ¿Cuál fue su experiencia?
La SRE dice que hizo todo lo que pudo hasta el último minuto. ¿Lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Quién se encargó del procedimiento? ¿Cuánto gastó el pueblo mexicano en abogados para el caso fallido? ¿Quiénes fueron los abogados? ¿Por qué dejaron que el consultor jurídico de la SRE, Max Diener, diera las explicaciones y la autoridad superior? (“Esto ha sido tratado a los más altos niveles, ha habido toda la presión y toda la estrategia para que coordinadamente con el gobierno de Estados Unidos se logren evitar estas ejecuciones” murmuró Diener.)
Sus abogados defensores hicieron todo lo posible por salvarle.
Sigue el abrazo diplomático a EU y un saludo al gobierno texano. Todo está bien. No pasa nada. Tamayo, inocente o culpable, ya está muerto: la pena de muerte, un procedimiento que forma parte del oscurantismo medieval todavía ahí.
Y aunque la Cancillería mexicana jure y perjure que el impacto en México por la ejecución de Tamayo en EU no afectará el espíritu de la reunión tripartita de Toluca del 19 de febrero, la sombra del mexicano sí oscurecerá el evento al que quieren presentar como uno de los grandes logros de la política económica mexicana y la política exterior: “logros de la solidaridad continental y de las buenas relaciones entre socios, a 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio”.
Hay mucho que aún tiene que explicar la Secretaría de Relaciones Exteriores (José Antonio Meade, canciller que es, para defender nuestros fueros y privilegios) respecto de lo ocurrido ahí, de su participación y de su política de apoyo a mexicanos en el extranjero; de cómo se defiende a mexicanos fuera de México y si éstos saben qué hacer en casos como éste.
¿Qué sigue con los mexicanos que siguen en el pasillo de la muerte en el Caso Avena? No. No se trata de romper relaciones con el vecino distante, pero sí fortalecer esa posición mexicana en momentos en los que se presume un repunte de México en el extranjero. ¿O son relaciones públicas internacionales?
