Hoy en su segunda sesión ordinaria del año, el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, tiene listado entre sus asuntos a tratar, la votación del Convenio Marco de Interconexión.
Hay que decir que, según la dinámica del Pleno, los comisionados pueden acordar llevar a cabo la votación sobre el documento, o tomarse un tiempo adicional para realizarla, si la mayoría de ellos así lo requiere por alguna razón en particular que expongan.
Quiero pensar que después de seis años de retraso en la aprobación de un convenio de esta naturaleza, después de meses de revisión por parte de un grupo técnico especializado de los factores de calidad, precio y acceso de la interconexión entre las empresas de telefonía, así como de tres meses de diálogo con las empresas involucradas para recoger sus preocupaciones y mediar sobre sus legítimos intereses, ya los comisionados del órgano regulador habrán tenido tiempo para valorar y sopesar el contenido de este convenio y seguramente han logrado redactar un documento, en materia de reglas para la interconexión, que sea el punto de partida para ordenar el caos en el que ha vivido el mercado de las telecomunicaciones en México.
Por la conformación actual del mercado y por su dominancia en el mismo, el Convenio Marco de Interconexión que hoy deben votar los comisionados, tiene que ver directamente con las reglas que regirá la interconexión de las llamadas que por millones se realizan mayoritariamente entre Telmex y el resto de los participantes del mercado. Es decir, básicamente tiene que ver con regular a la empresa de Carlos Slim.
La expedición y puesta en vigencia de este ordenamiento es fundamental, no sólo para que se revisen, enseguida, los términos de la concesión que ostenta actualmente la mayor telefónica del país, sino para dar los siguientes pasos que deben llevar a fortalecer la autonomía de la Cofetel, como lo establecieron los partidos políticos y el Presidente de la República en el Pacto por México.
Es imposible pensar en avances serios en materia de competencia y, por lo tanto, de mayor inversión en el sector de las telecomunicaciones, si no se fortalece al órgano regulador, como ya lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una rectoría en la regulación y supervisión de las empresas de telecomunicaciones en el país. Asunto crucial para que la SCT se enfoque exclusivamente en las políticas del sector, tal y como lo han recomendado profusamente los analistas de la OCDE.
La muerte de esa tradicional “doble ventanilla”, junto al nacimiento de tribunales especializados en la materia, son necesarios para que se ponga freno a las argucias jurídicas que han paralizado el desarrollo del mercado, la inversión y la competencia a favor de los usuarios de un sector estratégico para la competitividad, como son las telecomunicaciones.
Pero este camino se anda paso a paso, y ahora el Pleno de la Cofetel debe aprobar un convenio que ya no aguanta más tiempos de espera.
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