Si un hijo suyo malgasta el dinero a través de una tarjeta de crédito que le ha abierto a su nombre para sus gastos de estudios y manutención, ¿qué hace para remediarlo?
Cualquier financiero le dirá que la respuesta es sencilla: Póngale un límite al crédito del que puede disponer el muchacho a través de la tarjeta, y de seguro que le obligará a gastar lo indispensable.
Pues bien, esos sencillos principios básicos de disciplina en el gasto no parecen serlo cuando se trata de que un puñado de legisladores se ponga de acuerdo sobre cómo garantizar el buen uso de los recursos que la Federación entrega a los estados y municipios a través de las llamadas “participaciones federales”.
Cada cierto tiempo nos enteramos por la prensa sobre un nuevo escándalo de mal gasto de los gobiernos locales, con el consecuente disparo de su deuda y de una potencial crisis que se asoma. El último caso es la denuncia que ha hecho el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, sobre malversación de los fondos públicos del gobierno anterior de Andrés Granier. Ya antes supimos de escándalos parecidos en Michoacán, Chiapas, Veracruz, Colima, Coahuila, y los que se acumulen.
Según la Secretaría de Hacienda, las deudas que acumularon estados y municipios llegaron en diciembre pasado a 434 mil 761millones de pesos, 2.9% del PIB nacional, una cantidad relativa aún manejable que ciertamente no amenaza la estabilidad financiera sistémica, pero que su evolución reciente preocupa. En los últimos seis años (2006-2012) la deuda, en términos del PIB, creció 81% y en algunos estados, como Coahuila, aumentó más de 70 veces.
Ante esta situación, el Congreso aprobó un rescate disfrazado a través de la Ley de Ingresos de la Federación 2013 al permitir que los gobiernos locales se queden -éste y el próximo año- con una buena parte del ISR que recaudan de los salarios de sus trabajadores. Con ello, los legisladores establecen -por ley- que la irresponsabilidad y corrupción en el gasto público es premiada y, por lo tanto, que el cumplimiento se castiga en México. Una decisión que da de palos al Estado de Derecho y que marcará a esta legislatura.
Ahora la discusión política se centra en cómo normar hacia el futuro las deudas públicas locales a través de una Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, dado que los gobiernos locales reciben fuertes cantidades de recursos de la Federación, mismas que usan para garantizar sus endeudamientos con la banca privada. Fíjese, a diciembre pasado las participaciones federales representaron 86.1% del saldo de las deudas financieras que contrajeron estados y municipios.
Como en el ejemplo del muchacho malgastador al inicio de este texto, la solución para frenar la irresponsabilidad de estados y municipios es sencilla. Si en el origen de los excesos de los gobernadores está “la tarjeta de crédito”, abierta y garantizada, de las participaciones futuras que entrega el gobierno federal, ¿por qué éste no quita o limita sus garantías a los créditos bancarios que contratan los gobiernos locales? Con esto, el gobierno federal ya no pagaría a los bancos -a cuenta de las participaciones- cuando un gobierno local incumpla con sus deudas; quitándoles los incentivos a las trapacerías y a la irresponsabilidad.
Habría que comenzar por allí, ¿no?
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