Las acusaciones que ha hecho la Procuraduría General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada en contra de la líder magisterial Elba Esther Gordillo, han encontrado una aprobación casi generalizada en los círculos empresariales y financieros del país. Por no decir, entusiasta.
Era esperado. No es difícil imaginarse que una figura -como la de ‘la maestra’- que encarnó como pocas la exhibición de la impunidad en nuestro país haya generado tanta animadversión y ahora, ante su arresto, tantos aplausos y simpatías hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto, su cazador.
Ayer, nada más ni nada menos, el máximo órgano representativo del empresariado mexicano, el Consejo Coordinador Empresarial, emitió un boletín aplaudiendo la decisión del Presidente en momentos de definición de una serie de reformas legales trascendentales para el país y para los negocios empresariales.
El mensaje del CCE fue un aplauso fácil, hueco, trillado. Una porra de escolares sin más sentido que hacerse presente.
Reiterar un “irrestricto apoyo al Estado de Derecho, la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas” o machacar con aquellos textos discursivos de que “el combate a la corrupción es uno de los mayores desafíos para nuestro país y para el actual gobierno”, es discurso puro.
“Que es preciso impulsar la renovación nacional hacia un México sin impunidad; afianzar el Estado de Derecho y la procuración e impartición de justicia, sin privilegios, excepciones o fueros” –como reza su boletín de prensa- solo hacen ver sus aplausos oportunistas, sin mayor trascendencia. Verborrea pura.
Son mensajes del órgano de representación empresarial sin sustento. Y es que la legalidad, la transparencia y el Estado de Derecho no son precisamente fortalezas que puedan exhibir en sus propios círculos del poder económico y en sus relaciones con los políticos en turno.
Por eso llama la atención la persistencia de un discurso como éste que ha caracterizado a la dirigencia del CCE en los últimos meses.
En sentido estricto el caso de la investigación que se sigue a la líder magisterial es un asunto de la policía y, al final, del sistema de impartición de justicia. Nada tendría que hacer un organismo empresarial descalificando a una inculpada y ofreciendo lecciones de legalidad y estado de derecho a través de un boletín de prensa.
Algo pasa con la cúpula empresarial del CCE que no ha logrado entender dónde está su rol.
SÍGALE LA PISTA…
Ayer en el Senado el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher, advirtió sobre los riesgos para las finanzas públicas por la velocidad con la que ha crecido la deuda de los gobiernos locales en los últimos cuatro años. Dijo que si se mantiene esta tendencia habría “dudas acerca de la sostenibilidad fiscal y financiera”. Messmacher lo dice suavecito. Aquí le dijimos hace unos días que en el caso de algunos gobiernos estatales ya estamos frente a un potencial rescate, por la insolvencia que muestran para hacer frente a sus gastos de operación.
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