El gobierno no estaba preparado para una movilización magisterial tan larga.
Los altos funcionarios suponían, con suficiente lógica, un decaimiento de protestas y marchas una vez pasadas las elecciones del domingo anterior en 14 estados de la República.
Había y se mantiene, sí, la decisión de no conceder más prebendas como las concedidas a principios del sexenio tras la reforma educativa, cuando los dirigentes de la CNTE presionaron y obtuvieron beneficios económicos.
Tal vez no permearon a la base, pero sí se atendieron las exigencias de Rubén Núñez y compañía, a pesar de lo cual montaron plantones de carpas vacías en las Plazas de la Constitución y de la República.
Hoy, cuando ya pasaron las votaciones y la coordinadora falló en su intento por aupar a los candidatos de Morena en Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, respectivamente Salomón Jara, Cuitláhuac García y Ricardo Monreal, la presión no ha cesado.
El endurecimiento del garrote
Si ellos no frenan, el gobierno tampoco.
La instrucción del presidente Enrique Peña, fielmente acatada por los secretarios de Gobernación y de Educación Pública, Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño, es mantenerse inflexibles.
Los pasos son simples:
El primero es no volver a abrir las puertas de Gobernación a la representación gremial, ni siquiera la del subsecretario Luis Miranda.
Salvo si reconocen la reforma y regresan a clases, como dice Aurelio Nuño.
El segundo es contener esas marchas con el respaldo de la fuerza pública capitalina con el apoyo del jefe de Gobierno, Miguel Mancera, como ha quedado demostrado cuando pretendían paralizar las operaciones aeroportuarias y retomar el Zócalo.
El tercero es suspender pagos cuando no se presenten a laborar y proseguir con la cancelación de las plazas de quienes acumulan cuatro faltas en un mes.
Y el cuarto se refiere a la vía penal: ejecutar las órdenes de aprehensión contra quienes cometen delitos graves al amparo de sus protestas y marchas para exigir la anulación de la reforma educativa.
Pero no quedará ahí.
Oaxaca, la 22 y las negociaciones
Sobre la marcha, y de acuerdo a cada entidad, se tomarán nuevas acciones.
Es un endurecimiento bastante riesgoso.
Está vista la inoperancia del gobierno de Gabino Cué, quien pasó de ser aliado a víctima endeble de la Sección 22 del SNTE (en realidad de la CNTE).
Otro problema lo constituye el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, cuyo garrote ha sido insuficiente en triple vía: lejos de intimidar a los maestros y facilitar su regreso a clases, el movimiento crece y con él los delitos.
En ese ambiente, el gobierno federal ha recibido con optimismo la elección de Alejandro Murat.
Su padre, José Murat, mantuvo bajo control a la Sección 22 y terminó con el nefasto y eterno plantón durante la gestión de su antecesor, Diódoro Carrasco, con el consiguiente daño al turismo y a la actividad económica en la capital del estado.
Pero Alejandro Murat tomará posesión hasta el 1 de diciembre, y quién sabe qué suceda de aquí hasta entonces.
