Se pensaba que un periodo extraordinario de sesiones del Congreso durante julio y agosto despejaría la abultada agenda de asuntos pendientes que ya tienen los legisladores, para abrir tiempos y espacios suficientes a la discusión de las reformas fiscal y energética a partir del 1 de septiembre próximo.
Pero no fue así. Otra vez los legisladores de la Comisión Permanente dejaron ver las grietas que existen al interior de sus partidos y las muy notables diferencias en los asuntos relevantes de la agenda, por lo que solo acordaron un mini periodo extraordinario de sesiones; como para no dejarlo en blanco y exponerse a las críticas.
Por eso se reunirán solo los diputados, entre el martes 16 y el viernes 19 de este mes, para darle trámite únicamente a cinco asuntos ya bastante planchados y conocidos, entre los que destaca la regulación de la deuda a estados y municipios que el Senado les envió con una abrumadora votación a favor y que prácticamente será aprobado por los diputados tal cual. Si acaso habrá algo de ruido mediático con la elección del consejero del IFE faltante.
En general es un periodo extraordinario simplemente para cumplir con lo dicho anteriormente, pero sin una mayor trascendencia en la agenda que se planteó en el Pacto por México. Reformas tan relevantes que esperaban ser abordadas en este periodo, como las que crean la Comisión Nacional Anticorrupción o las reformas al IFAI, simplemente fueron pateadas para adelante por las fuertes diferencias que existen entre los partidos y al interior mismo de ellos.
Esto complicará la ya abultada agenda del siguiente periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras legislativas, particularmente por la extensa discusión y cabildeo que se espera con la reforma fiscal y la energética a partir de septiembre próximo. Pero lo más inquietante es el clima político que prevalece de cara a este decisivo periodo ordinario que viene.
Las recientes elecciones locales mostraron que hay un grave problema de control que estorbará los acuerdos que se buscan en el segundo semestre. Los partidos políticos –especialmente PAN y PRD- están fracturados, con dirigencias que responden a intereses encontrados y que será complejo encauzar. Situación que se traduce en la dinámica que siguen los legisladores en el Congreso y que puede ser imprevisible. Los gobernadores han mostrado fehacientemente que no acatan las reglas del juego que se les intenta dictar, y que obedecen más bien a su lógica del juego del poder local a partir de los cuantiosos recursos federales que reciben por ley.
En este escenario de arenas movedizas es que el presidente Peña Nieto tendrá que hilar fino para que no se resquebraje antes de tiempo el Pacto por México, que es el tejido político mínimo en la búsqueda de la aprobación a las reformas energética y fiscal en el Congreso, y que también sería el paraguas político ante una oleada de manifestaciones callejeras promovidas desde la izquierda ante eventuales propuestas de alzas de impuestos o de inversiones privadas en los hidrocarburos.
Por todo eso era aplaudida la intención de desahogar asuntos también espinosos de la agenda legislativa a través de un periodo extraordinario durante el verano. Un periodo que se esperaba intenso y productivo como resultó el primer periodo ordinario de sesiones legislativas.
Pero el no haberlo logrado es un retroceso para lo que viene. Muestra la alta fragilidad en la que se encuentra el diálogo entre los partidos y al interior de ellos en un momento decisivo para el rumbo futuro de la economía.
Sin duda una mala señal.
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