Como si el problema de violencia y anarquía que vive Michoacán fuera nuevo, ayer el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, le ofreció “todo el apoyo del gobierno federal” a los michoacanos. Pero resulta que los habitantes de ese estado llevan meses, años de vivir en el desgobierno y víctimas de la violencia del narcotráfico que, con todo y la cruenta guerra librada en el sexenio pasado, sigue controlando regiones enteras de la entidad y junto a nuevos fenómenos como los autonombrados “grupos de autodefensa” o las bandas de talamontes imponen su ley en el estado.
Lo que es más, hasta Bucareli llegó ayer el flamante gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, quien la semana pasada asumiera el poder tras la ausencia por enfermedad del mandatario constitucional Fausto Vallejo. Reyna, que en buena medida ha sido quien ha gobernado el estado en este año y medio por los problemas de salud de Vallejo, no ha sabido o no ha podido, ni como secretario de Gobierno ni ahora como gobernador interino, imponer el orden y evitar la anarquía que se apodera de los michoacanos.
¿Qué sentido tiene entonces el tardío ofrecimiento de apoyo del secretario Osorio Chong a los michoacanos y a su gobernador provisional? Más que apoyo, Michoacán necesita en estos momentos un rescate, una intervención de fondo de las fuerzas federales para llenar el vacío de autoridad que se percibe desde hace meses en el estado. No es casual que, a la ya conocida violencia del narcotráfico, los michoacanos tengan que sumar ahora la anarquía de grupos sociales que se lanzan a las calles o la aparición de supuestas autodefensas que, según el propio gobierno, están financiadas algunas por criminales como los taladores ilegales.
En la coyuntura de debilidad institucional e ingobernabilidad, los grupos de presión y los grupos criminales parecen coincidir en la idea de que Michoacán es un estado que, con un gobernador enfermo, y un interino que ya probó su ineficacia en la actual administración, hay campo fértil para imponer el caos y el desorden que favorecen tanto a grupos del crimen organizado como a organizaciones sociales que buscan desestabilizar al estado.
Si a todo eso se le suma un gobierno federal que se ha mantenido hasta ahora casi al margen de la problemática michoacana y que encima replegó a las fuerzas federales, Policía Federal y Ejército en el combate al narcotráfico en Michoacán, el resultado es que Michoacán está sometido a un auténtico asalto del poder, en el que, aliados o no, el crimen y los grupos de presión social, están buscando imponer un autogobierno de facto en el estado occidental.
¿Alcanzará a evitar eso el ofrecimiento de “todo el apoyo” que hace la Segob a Michoacán? ¿O será como en otros estados, Guerrero, Tamaulipas, por citar sólo dos casos, un nuevo estado fallido dentro del territorio mexicano?
NOTAS INDISCRETAS… Detrás de la presión para evitar la entrada de los programas federales de la polémica Cruzada contra el Hambre al DF, hay figuras oscuras como la de René Bejarano, quien a través de los delegados de Álvaro Obregón y Tlalpan presionó para que el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera pidiera reglas especiales para la Cruzada contra el Hambre en el DF. Los delegados que acudieron la semana pasada al encuentro con Robles le hicieron sentir su rechazo, cuando, en vez de dirigirse a la secretaria, le hablaban directo a Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien también estaba en el encuentro. El momento más ríspido se dio cuando el delegado de Iztapalapa -el mayor reservorio de voto perredista en el DF- Jesús Valencia, le pidió a Nuño que en vez de dinero para el hambre, invirtieran el 1% de su Cruzada para llevar agua a Iztapalapa, que es su mayor prioridad. La respuesta de Rosario, molesta, fue tajante: “Ni un peso para el agua en Iztapalapa, ese no es el objetivo de la Cruzada. Fue el momento más tenso y Mancera entró a apoyar a Valencia y a serenar los ánimos... Los dados mandan Serpiente. Falló el tiro.
