Endeudarse en un momento de alta incertidumbre financiera puede ser riesgoso si no se toman las debidas precauciones. Hacerlo sin los controles necesarios sobre el destino de esa deuda puede ser muy peligroso. Pero endeudarse a un ritmo excesivo, mayor a la capacidad de generación de ingresos y apostando a un nivel de ingreso incierto en el futuro, puede ser suicida. Cualquier banquero sabe esto y, si es responsable, se lo advertirá a sus clientes.
De hecho, la campaña permanente de educación financiera que promueven la asociación de banqueros y las autoridades financieras del país insiste en la prudencia sobre el uso del crédito entre los mexicanos.
Sin embargo, los gobiernos -federal y locales- del país no parecen haber puesto atención a estos principios básicos de educación financiera que pretenden enseñar a la población.
Un solo dato muestra la problemática: En los últimos dos años (de diciembre de 2012 a noviembre de 2014) la deuda del sector público federal (que comprende la deuda del gobierno federal, de las empresas y de los bancos públicos) creció 24.2%, esto es casi 1.3 billones de pesos más; mientras que la producción de la economía habrá crecido apenas por arriba de 3% en ese lapso. Como se ve, la velocidad a la que corre el endeudamiento público es mucho mayor que el ritmo de crecimiento de la economía y a estas alturas ya habrá superado 40% del PIB, el nivel más alto en la historia; por arriba del 39.4% que alcanzó en 1990.
Si bien para algunos este porcentaje puede parecer relativamente bajo en relación con las elevadas proporciones de deuda/PIB de varios de los países desarrollados que no han logrado salir de su atonía económica, el problema con México es la velocidad a la que ha estado creciendo el endeudamiento público y que ha encendido focos amarillos con unos ingresos petroleros amenazados, con una economía con bajo crecimiento y con perspectivas de tasas de interés alcistas en un contexto internacional volátil.
Todos estos factores colocan a la política de endeudamiento que ha seguido el gobierno en el centro de la atención y con razón. Cuando Enrique Peña Nieto asumió el gobierno en diciembre de 2012 la relación deuda/PIB era de 33.9% y en sólo dos años esta relación se elevó a 40% y según los pronósticos de economistas independientes es probable que se acerque a 50% para 2018, a pesar de que el gobierno estima esta relación en 42.3% hacia el final del sexenio.
El hecho es que los niveles de deuda que ya tiene comprometido el sector público son los más altos en la historia, no sólo por el fuerte crecimiento de la deuda interna, sino también porque la deuda externa neta creció 19.5% en lo que va de este gobierno, llegando a un saldo de más de 145 mil millones de dólares.
Lo peligroso de esta política de crecimiento acelerado de la deuda pública es que el gobierno ha apostado a un crecimiento económico acelerado -derivado de las reformas emprendidas- que no ha llegado y que probablemente llegue con mucho más lentitud de lo que se planeó originalmente; como ya lo externó la OCDE en sus perspectivas a 2020.
Ello llevará a mantener elevados déficits públicos en los próximos años debilitando la solvencia de las finanzas públicas, incrementando los riesgos en un entorno de volatilidad financiera global hacia el futuro.
El otro cuestionamiento, no menor, tiene que ver con la calidad del destino de ese abultado endeudamiento. ¿Para qué? Es la pregunta que surge cuando se analiza el presupuesto anual de gasto que en un alto porcentaje corresponde a gasto corriente y a millonarios programas cuyos proyectos y resultados están en tela de juicio.
Señores legisladores, hagan sonar las alarmas: El gobierno está en una ruta de un muy peligroso endeudamiento de las finanzas públicas bajo una apuesta de alto riesgo.
