La desaceleración económica se está profundizando en toda América Latina. Incluso en las economías más dinámicas de la región, la caída en las tasas de crecimiento se ha hecho evidente en los últimos meses, producto, principalmente, de una fuerte desaceleración de la actividad manufacturera en el continente.
En Perú -con una economía que ha crecido alrededor de 6% en promedio anual durante la última década- se dio a conocer que su PIB creció “sólo” 4.4% durante junio pasado, que significó un avance de 1.4% en relación a mayo, cerrando el primer semestre con un crecimiento acumulado de 5.1%.
Mientras que en México las estimaciones del crecimiento económico para el año siguieron cayendo hacia el 2% que pronosticó Banamex recientemente, en un sorpresivo reporte por la magnitud del recorte en sus expectativas.
Ya el 23 de julio la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) había revisado sus pronósticos económicos de la región para el año, de 3.5% de abril pasado a 3%, arguyendo que la debilidad en el crecimiento regional tiene que ver con la dependencia exportadora hacia China y Europa, el incremento en el déficit de la cuenta corriente, las restricciones fiscales en países como México y la vulnerabilidad sudamericana por su dependencia de los recursos naturales.
Ese día, la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcenas, decía que para enfrentar estas vulnerabilidades “necesitamos un pacto social para aumentar la inversión y la productividad y cambiar los patrones de producción para crecer con igualdad”.
En aquel momento, probablemente la mexicana Bárcenas tomó la idea del Pacto por México que impulsó el presidente Peña Nieto desde el inicio de su gobierno; que aunque es un pacto de carácter político, tiene una fuerte orientación al logro de acuerdos económicos sustantivos para impulsar el raquítico crecimiento mexicano y la productividad. Es el Pacto que alberga las reformas.
Pues bien, pareciera ser que esta idea de un pacto político para el impulso económico -que en su momento en Chile y en España significó un salto cualitativo en el rumbo de sus economías- ha ganado adeptos en la región y no sólo en México.
Ayer, ante el reconocimiento de que la crisis global está afectando la economía peruana, los ingresos fiscales y el empleo; el gobierno del país andino, que encabeza Ollanta Humala, anunció que convocará a todos los partidos políticos y organismos sociales a la firma de un Acuerdo Nacional para fijar una agenda de consenso que asegure el flujo de inversiones y la sustentabilidad del crecimiento económico.
En el fondo se trata de garantizar un clima político de estabilidad y de facilidades legales sin contratiempos para alentar la inversión privada y pública.
En México el Pacto firmado en diciembre pasado entre el gobierno y las principales fuerzas políticas del país, logró convertirse en una herramienta política útil para destrabar los desacuerdos de antaño en el Congreso y para establecer consensos mínimos que impulsen una serie de reformas económicas pendientes que darán fruto en el mediano y largo plazos.
Sin embargo no sabemos de acciones específicas de políticas públicas en el corto plazo, ante la ya notable desaceleración económica que se ha vivido en el primer semestre del año, agravada en algunas regiones del país por la violencia desatada. Acaso el Pacto también debería ser el espacio político para impulsar acuerdos en este sentido.
La caída en el ritmo de crecimiento de las economías latinoamericanas -y de México en particular- ha sorprendido incluso a quienes mostraban más pesimismo al inicio del año; por lo que se ha venido debilitando el inicial optimismo sobre una fuerte recuperación de la economía hacia el segundo semestre.
Si estas sospechas son compartidas, el gobierno federal tendría que activar programas para paliar la caída del mercado interno.
