Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró lo que ya había anunciado el sábado en Villa del Carbón, Estado de México: Que enviará en septiembre una iniciativa al Congreso para crear un Sistema de Seguridad Social Universal con cobertura de servicios de salud, seguro contra el desempleo y una pensión básica para el retiro.
Aunque aún se desconocen los detalles precisos de esta iniciativa, ya desde la campaña presidencial el entonces candidato Peña Nieto había planteado la propuesta de integrar los sistemas públicos de salud para dar atención a la totalidad de la población, con fondos provenientes de los impuestos generales. En esta misma propuesta, que ha venido madurando -y que se ha alimentado en el último año de propuestas más agresivas, como la planteada por Santiago Levy, ex director general del IMSS y actual vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo-, también se incluye un seguro para desempleados que se fondearía con recursos fiscales y que supondría para el trabajador formal que ha quedado sin empleo un ingreso mensual -a determinar- superior a un salario mínimo por un periodo que podría alcanzar seis meses, con el propósito de incentivar al desempleado a buscar un nuevo trabajo.
De hecho el nombramiento de José Antonio González Anaya como director general del IMSS por el presidente Enrique Peña Nieto, tiene precisamente la encomienda de operar el nacimiento del Sistema de Seguridad Social Universal. González Anaya no sólo es un economista competente con experiencia en asuntos fiscales en su largo paso por Hacienda, sino también es un reconocido operador político entre los ámbitos legislativos y de los gobiernos estatales a partir de su labor como coordinador de entidades federativas y hombre cercano al grupo del ex presidente Carlos Salinas. Así que su labor en esta iniciativa desde el IMSS será muy relevante.
Es evidente que la presentación de este nuevo Sistema de Seguridad Social Universal -ya anunciado por Peña Nieto- será altamente popular por los beneficios que conlleva para la mayoría de la población y que -entre sus virtudes- incentivará la formalización del trabajo y de la economía.
Por eso es que la decisión de incluirlo en el paquete de las dos grandes reformas que se ha autoimpuesto este gobierno -la energética y la fiscal- le servirá a la Presidencia como digestivo para lograr “vender” las medidas amargas de alzas de impuestos que necesariamente incluye la reforma fiscal, y ampliar los apoyos a las reformas a Pemex, que es la reforma clave del gobierno.
Y es que no se puede dejar de lado que la iniciativa de Seguridad Social Universal requerirá de una reforma fiscal de mayor calado en materia de recaudación tributaria muy superior a los dos puntos porcentuales del PIB que conservadoramente habían planteado algunos funcionarios de Hacienda recientemente.
Por eso es que la reforma fiscal tendría que plantearse con un IVA generalizado, exceptuando una pequeña canasta de alimentos frescos y de medicamentos del cuadro básico; con alzas en las tasas del ISR y con la eliminación de algunas exenciones y facilidades fiscales de las que se benefician particularmente grupos empresariales. Con ello, la reforma podría suponer una recaudación adicional de alrededor de 3.5% del PIB, porcentaje que podría potenciarse con un mayor crecimiento esperado de la economía.
Así que el “paquete” de iniciativas que recibirá a partir de septiembre el Congreso -incluyendo la iniciativa para un Sistema de Seguridad Social Universal- forma parte de una operación integral que ha puesto en marcha el Ejecutivo para sacar adelante la reforma energética, que prácticamente ya se echó a andar.
